El fraude de las rentas del capital inmobiliario, supera el 50% (54,47%), cercano al de las rentas de empresas que tributan en el régimen de estimación directa (47,4%), según el estudio 'El hueco que deja el diablo: una estimación del fraude en el IRPF con microdatos tributarios', presentado por el profesor de la Universidad de Zaragoza, Julio López Laborda de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).
Si sumamos estos datos a los procedentes del impuesto sobre el valor añadido (IVA) o el impuesto de sociedades, el fraude alcanzaría los 40.000 millones de euros, un porcentaje entre el 3,5% y el 4% del PIB, según Fedea.
El estudio se ha realizado con una muestra de 500.000 contribuyentes con datos del año 2008, aunque según López Laborda, con cierta continuidad en el tiempo.
El proceso consiste en que dos individuos iguales, con la misma renta procedente de fuentes distintas (rentas de trabajo y rentas empresariales), presentan diferencias en las aportaciones por donaciones. «Esta diferencia nos indica que la renta verdadera del segundo individuo es mayor que la que declara en el IRPF». La investigación sigue el mismo proceso para las pensiones entre cónyuges y para las deducciones por vivienda.
El profesor ha reconocido que las cifras son sólo aproximadas y que el nivel de fraude probablemente será mayor. En el estudio se señala que los únicos que no defraudan son los pensionistas.
Paraísos fiscales, nido de 144.000 millones
López Laborda subraya que la lucha contra el fraude fiscal tendría que ser una política prioritaria para el Estado, dentro de sus esfuerzos por reducir el déficit, aunque reconoce que lugares como los paraísos fiscales, hacen que la erradicación sea una tarea imposible. «Hay que ser realista, no se puede eliminar totalmente el fraude fiscal», pero en España hay mucho margen para mejorar la «moral fiscal», ha dicho.
El catedrático de la Universidad de Zaragoza se ha referido también a otro estudio del profesor Gabriel Zucman sobre los paraísos fiscales en España.
En 2013, los españoles tenían 144.000 millones de euros en estos paraísos, la mitad en Suiza. Esta cantidad supone unas pérdidas para Hacienda de 7.400 millones anuales en la recaudación y el 0,7% del PIB si se le aplican los máximos impositivos del IRPF, sucesiones y patrimonio.
En nuestro país, la economía sumergida está en un 18,6%, un poco por encima de la media europea (18,5) y según el investigador, el fraude no se va a eliminar por mucho que se multipliquen los recursos. En Alemania, muy eficaz en la lucha contra el fraude, tienen una economía sumergida próxima al 13% de su PIB.
Por ello, ha dicho que la mejor manera de combatir el fraude es a través de medidas coercitivas limitando la voluntariedad en el cumplimiento fiscal. Aunque también ha apostado por incrementar los medios personales y materiales de la Agencia Tributaria, extender las obligaciones de información, mejorar la eficacia de las sanciones, incrementar la cooperación internacional y poner en marcha determinadas actuaciones normativas.
En concreto, ha resaltado la importancia mejorar la asistencia al contribuyente, elevar la transparencia o favorecer la relación con la Administración, y no otras como la amnistía fiscal, que tienen poco efecto recaudatorio y reducen notablemente la moral fiscal de los ciudadanos. «Si hay más educación fiscal, habrá más moral fiscal», ha dicho el investigador.
López Laborda, ha elaborado el estudio junto a los profesores de la Universidad de Zaragoza, Félix Domingo Barrero y Fernando Rodrigo y ha avanzado que espera ampliarlo con datos sobre las CC.AA para ver si hay algún tipo de patrón en común.
