«Esta muerte me ha tocado, estoy golpeada, impactada, aterrada», nos dice conmovida Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), una institución insigne en el país en materia de derechos humanos.

«Esto me recuerda el crimen de Miguel Ángel Pavón, ese hombre valiente que asesinaron tras actuar como testigo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de personas en los años 80», afirmó.

«Aquí parece que no importa la trayectoria o el perfil que pueda tener un defensor humanitario, igual nos matan, ya no se respeta nada y así quieren que callemos, pero no lo van a lograr» añade Bertha Oliva.

Junto a Pavón fue asesinado también Moisés Landaverde, un líder magisterial. Ambas muertes fueron ejecutadas por los cuerpos de seguridad del Estado.

Desde aquellos dos asesinatos hace 28 años, cuando despuntaba en el país el movimiento de defensa de los derechos humanos, para sus activistas comenzaría en Honduras una historia marcada por tragedias, amenazas, intimidaciones y muerte.

Así lo califica la coordinadora del COFADEH que pareció presentir la muerte de Cáceres, su compañera en múltiples batallas.

Contó que había soñado «que me mataban dos hombres que entraban a mi casa con uniformes color naranja y desperté sobresaltada. Una hora después me llamaron para decirme que habían matado a Berta Cáceres». «No sé qué decir, estoy impactada» repetía.

«Aquí parece que no importa la trayectoria o el perfil que pueda tener un defensor humanitario, igual nos matan, ya no se respeta nada y así quieren que callemos, pero no lo van a lograr», reiteraba Oliva.

Cáceres era la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y en 2015 obtuvo el Premio Ambiental Goldman que se otorga a los defensores de la ecología en el mundo.

De 44 años, Cáceres despuntó en la lucha humanitaria cuando a mediados de los años 90 encabezó hacia la capital de Honduras, peregrinaciones pacíficas indígenas para reclamar sus derechos y colocar en la agenda del país la reivindicación de los pueblos indígenas.

Luego su lucha se centró en la defensa del medioambiente, «del agua y la tierra» como solía decir, consiguió que la corporación china Synohidro se retirara del occidente hondureño, en el departamento de Intibucá, cuando iba a instalar una represa hidroeléctrica sin cumplir con la socialización del proyecto con las comunidades ni con las medidas ambientales de mitigación.

Su última batalla, que acrecentó las amenazas sobre ella, fue contra la construcción de cuatro represas en la cuenca del río Gualcarque, denominado proyecto Agua Zarca, a cargo de la empresa privada Desarrollos Energéticos. La obra, con una inversión de 24,4 millones de dólares, abarca a los occidentales departamentos de Santa Bárbara e Intibucá, y establece una generación media de 21,3 megavatios.

Cáceres se movilizó activamente contra este proyecto y otros relacionados con la explotación minera que atentan contra la tierra de sus ancestros. Esa labor le valió denuncias, amenazas e incluso procesos penales que llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a pedir al Estado el otorgamiento de medidas cautelares por el inminente riesgo contra su vida.

Pero esas medidas cautelares, que según el gobierno de Honduras se le otorgaron mediante un sistema de patrullas por presunta solicitud de la lideresa asesinada, no han impedido que sujetos desconocidos entraran de madrugada en su casa y la asesinaran de cuatro disparos cerca de su rostro, según investigaciones preliminares.

Su muerte, según el analista Eugenio Sosa, es un fiel reflejo de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los defensores humanitarios en Honduras con repercusiones insospechadas para el Estado. «Este es un caso emblemático que el gobierno debe responder con celeridad porque la presión interna y externa será fuerte dado el perfil de Cáceres», nos dijo Sosa.

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, aseguró que este crimen no quedará impune, que tienen dos testigos protegidos, un sospechoso identificado y algunas pistas que permitirán esclarecer el caso, pero declinó adelantar el manejo de hipótesis.

Hernández dijo que a un equipo multidisciplinar integrado para investigar el caso se ha sumado un grupo de expertos investigadores de Estados Unidos, al aceptarse un ofrecimiento de colaboración hecho por Washington.

La condena internacional contra el asesinato de Cáceres ha sido demoledora para el Estado de Honduras.

Líderes políticos, organismos internacionales humanitarios y ambientalistas, así como agencias de las Naciones Unidas han pedido justicia. Uno de ellos fue el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y el partido izquierdista español Podemos, entre otros sectores.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha sido contundente al condenar su muerte y calificarla de «horrenda» Considera que este asesinato representa un golpe al pueblo y a los derechos humanos que amerita «un esclarecimiento ya». Recordó, además, que en agosto de 2015 envío una nota al gobierno de Honduras demandando protección para los líderes de las comunidades indígenas hondureñas, así como un diálogo para tender puentes.

Austra Berta Flores, de 73 años, madre de Cáceres, en medio del dolor, confía en que la muerte de su hija no quede impune. «Yo pido justicia y quienes me la mataron solo hicieron de ella una mártir. Vamos a mover cielo y tierra para que su muerte no quede impune», nos dijo mientras esperaba la autopsia del cuerpo de su hija en Tegucigalpa.

En las afueras de la morgue capitalina, organizaciones humanitarias, feministas, líderes sociales y gente común se apostó con velas y fotografías de la dirigente para rendirle un emotivo homenaje y velarla unas horas en la capital.

Su entierro, este sábado 5, será en La Esperanza, en el departamento de Intibucá, epicentro de sus batallas, informaron sus familiares. En su último informe de país sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, la CIDH destacó el caso de Berta Cáceres y las amenazas en su contra, tras condenar la criminalización de los defensores humanitarios y demandar del Estado una mayor protección y garantías para que realicen con libertad su labor.

De acuerdo al informe, entre 2010 y 2014, se han registrado unos 22 asesinatos de defensores humanitarios, dos desapariciones, 15 secuestros, 88 casos de robo de información y 53 sabotajes a los vehículos donde se transportaban.

La vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos sigue en ascenso en este país centroamericano, según la CIDH.

El riesgo de «perder la vida o padecer daño a la integridad ha ocasionado que un número importante de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras cuenten con medidas de protección otorgadas por la Comisión que requieren implementación por parte del Estado hondureño», asegura el organismo. IPS