Es lo que han hecho Rights International Spain y Jueces por la Democracia que piden a la UE que active por primera vez en su historia, el nuevo mecanismo creado para solventar ataques graves a los principios básicos del estado de derecho. Las organizaciones cuestionan las reformas legales promovidas por el Gobierno español que, según argumentan, vulneran valores esenciales de la UE.mo el acceso a la justicia, la división de poderes o la independencia judicial, entre otros.

Rights International Spain (RIS) y Jueces por la Democracia han remitido una carta y un informe a la Comisión Europea en los que denuncian el paquete de reformas promovido por el Gobierno español e instan a esta institución a «intensificar su escrutinio sobre la situación en España, emprender una evaluación de conformidad con el nuevo marco de la UE para fortalecer el Estado de Derecho, así como a adoptar una serie de medidas para impedir que siga deteriorándose el Estado de Derecho en España».

Estas entidades solicitan que se active este novedoso procedimiento europeo (todavía no se ha puesto en marcha en ningún país de la UE), dada la ineficacia de los mecanismos existentes en España para prevenir las amenazas al Estado de Derecho. Pese a estar en plena contradicción con valores esenciales de la UE, muchas de las medidas legislativas más problemáticas ya han sido aprobadas.

En concreto denuncian, en primer lugar, la reforma de la Ley de Justicia Gratuita, que cercena el acceso a la justicia y a una revisión judicial eficaz. Con la reforma, las personas que podrán beneficiarse del derecho a un abogado de oficio serán menos que ahora. Con la crisis, más personas han tenido que acudir a este servicio, que con la nueva reforma verán limitado el acceso a este derecho.

En los últimos años, entre el 25 y 35% de los ciudadanos se ha visto privados de su derecho de acceso a la justicia por las tasas. España es de los países de la UE que menos invierte en justicia gratuita (0,80 euros por ciudadano, estando la media europea en 8,63 euros/habitante). Ningún euro recaudado por tasas judiciales (de los más de 530 millones de euros) se ha destinado a sufragar este servicio público fundamental.

También ponen en entredicho las tasas judiciales por vulnerar el principio de igualdad ante la ley. Si bien recientemente las personas físicas han quedado exentas de ese pago para acceder a la justicia, la discriminación continúa, señalan las organizaciones, al tener un impacto desproporcionado en las PyMes y algunas ONGs, en comparación con las grandes corporaciones (bancos, aseguradoras, etc.).

Otro de los elementos básicos del Estado de Derecho que, según indica el informe remitido a la Unión Europea, se ha visto erosionado en los últimos años es el de la separación de poderes y la independencia judicial. En este ámbito se denuncia la falta de medios de la justicia y las interferencias políticas en la Justicia, lo que tiene un impacto sobre la independencia judicial.

También se afirma que las reformas propuestas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, son reformas parciales e insuficientes, y solicitan que sean retiradas en tanto no se realice un proceso de consulta con expertos y sociedad civil con el objetivo de alcanzar una efectiva reorganización y modernización del sistema judicial.

La Comisión debería además, según estas organizaciones, asegurar que se dote de suficientes medios a la Justicia y que se eviten las interferencias políticas. El presupuesto para justicia ha disminuido (un 4,21% en 2013 y un 2,13% en 2014). De hecho, España es de los países europeos que menos invierte en justicia y que menos jueces tiene por habitante. A pesar de esto, en 2012 el Gobierno redujo drásticamente su número, eliminando los puestos de, aproximadamente, 1.200 jueces sustitutos (el 20% de las personas que administran justicia). En el informe de la UE sobre justicia de 2015, España también aparece entre los peores puestos de Europa en cuanto a percepción sobre independencia judicial.

El informe expone también las reformas que suponen una clara vulneración al principio de seguridad jurídica y de respeto a los derechos fundamentales, como la nueva Ley de Seguridad Ciudadana o el Código Penal. En este sentido, denuncia la amenaza que suponen estas leyes para los derechos a la libertad de expresión y de reunión, la vaguedad de muchos de sus preceptos puede conllevar una aplicación arbitraria de las sanciones y la enmienda que legaliza las devoluciones desde Ceuta y Melilla entra en clara contradicción con el propio derecho de la UE.

En su carta, Jueces por la Democracia y Rights International Spain, solicitan que se deroguen todos estos aspectos de ambas reformas. Recuerdan, así mismo, que desde el comienzo de las crisis, las protestas han aumentado en un 283%. Por lo que como han indiciado varios Relatores Especiales de la ONU, estas reformas parecen responder a las numerosas manifestaciones que se han llevado a cabo en los últimos años.

Finalmente denuncian que, al tramitar todo este paquete de reformas, no se haya respetado un procedimiento democrático adecuado, al no haberse llevado a cabo por parte del gobierno una verdadera consulta con la sociedad civil y los expertos en materia de derechos humanos.

Rights International Spain (RIS), la entidad que lidera esta iniciativa, ha lanzado también, a través de la Plataforma Europea de Libertades, una campaña de petición de firmas a la que puede adherirse cualquier ciudadano para pedirle a la Comisión Europea que actúe decididamente frente a los ataques que se realizan a los valores fundamentales de la UE en España.

Lydia Vicente, Directora Ejecutiva de RIS ha afirmado que «la Unión Europea ha creado una nueva herramienta que puede activarse en caso de que nuestros derechos y los valores rectores de la UE se pongan en peligro en algún país, y eso es precisamente lo que ocurre en España ahora mismo; nuestros mecanismos internos de protección han fallado, así que entendemos que la ciudadanía debe hacer suyo este nuevo mecanismo previsto por la UE porque no nos queda otra solución que pedirle a la Comisión que actúe». Ha añadido que «firmando la campaña y usando el hashtag #DíseloAEuropa, cualquier ciudadano puede hacer oír su mensaje a la Comisión Europea para que su actuación sea lo más rápida y eficaz posible».