Esta nueva Red tiene su fundamento jurídico en una Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a ayudar a los servicios públicos de empleo de los veintiocho a maximizar su eficiencia a través de una cooperación más estrecha, que se adoptó en mayo de 2014.
Para László Andor, comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, «Unos servicios públicos de empleo que funcionen bien y sean eficientes son fundamentales para facilitar el rápido acceso de los desempleados de toda Europa a los puestos de trabajo y a la formación». Para aplicar con éxito la Garantía Juvenil y ayudar a los jóvenes desempleados y a las personas inactivas a obtener un puesto de trabajo o una formación, algunos Estados miembros deben reformar sus servicios públicos de empleo.
La nueva estructura proporcionará más oportunidades para comparar los resultados de los servicios públicos de empleo en relación con los indicadores de referencia pertinentes, así como para identificar las buenas prácticas y mejorar la cooperación, entre otras cosas a través del aprendizaje mutuo y de programas de asistencia inter pares.
Una de las tareas más inmediatas a las que ha de hacer frente la Red es intercambiar conocimientos y buenas prácticas sobre la aplicación de la Garantía Juvenil, ya que la mayor parte de los servicios públicos de empleo son los puntos de contacto nacionales designados para esa decisiva reforma. Los servicios públicos de empleo, deben de proporcionar a cada joven asesoramiento personalizado sobre las oportunidades de empleo, educación y formación más acordes con su situación, que permita hacerle una oferta concreta y personalizada en un plazo de cuatro meses.
La Red también ayudará a los Estados miembros a aplicar mejor las recomendaciones específicas por país que se refieran a los servicios públicos de empleo emitidas por el Consejo en el marco del Semestre Europeo. En 2014, once países recibieron una recomendación de este tipo (Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Hungría, Italia, Portugal y Rumanía). Los responsables políticos nacionales utilizarán la experiencia de la Red en el diseño, el desarrollo y la evaluación de las políticas de empleo.
El órgano de dirección de la Red de Servicios Públicos de Empleo, compuesto por altos funcionarios de los servicios públicos de empleo designados por cada uno de los Estados miembros y la Comisión, regula y supervisa las actividades de la Red.