Traslados ilegales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones secretas en operaciones dirigidas por la CIA, tras los atentados del 11-S, con la complicidad de varios gobiernos europeos están documentados por organismos intergubernamentales, ong y periodistas de investigación. Amnistía Internacional (AI) los ha recopilado en el Informe Un secreto a voces: crecientes indicios sobre la complicidad europea en entregas extraordinarias y detenciones secretas.
AI considera que ha pasado una década de impunidad y es hora de exigir responsabilidades, que los gobiernos europeos implicados hagan justicia a las víctimas y que la Unión Europea tome medidas. «La UE no ha tomado en absoluto medias para hacer rendir cuentas a los Estados miembros por los abusos que han cometido...No podemos dejar sin más que Europa se sume a Estados Unidos para convertirse también en 'zona sin rendición de cuentas'» ha manifestado Nicolas Beger, director de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.
AI denuncia violaciones de derechos humanos en suelo europeo: desapariciones forzadas de personas cuyo paradero aún se desconoce y víctimas de entrega ilegal, entrevistados por la organización que manifiestan haber sido torturados o sometidos a malos tratos. Hay denuncias concretas contra Alemania, cómplice de detención secreta: Italia, donde agentes estadounidenses e italianos participaron en el secuestro de un ciudadano enviado ilegalmente a Egipto; Lituania, que ha admitido que existían dos prisiones secretas, y casos denunciados y no reconocidos por los gobiernos de Macedonia, Polonia, Rumania y Suecia.
En España se han documentado hasta 68 escalas de aviones que se relacionan con actividades ilegales de la CIA en aeropuertos españoles hasta finales de 2005 y, según denuncia AI, agentes de policía españoles interrogaron a ciudadanos en Guantánamo. AI pide al gobierno español que se asegure de que las víctimas reciben justicia y reparación.
En todos esos países hay investigaciones en curso sobre la complicidad del Estado o procesos judiciales para exigir responsabilidades individuales - en España es la Audiencia Nacional- y Amnistía Internacional pide que no se desaproveche ese ímpetu. «La a menudo demasiado repetida excusa de que 'es necesario el secreto de Estado para proteger la seguridad nacional' no debe servir para mantener la impunidad», ha dicho Nicolas Berger.
