Esther Herrera / Bruselas
El fin de mandato de la Comisión Europea "Barroso II" pronto toca a su fin, y la organización civil Alianza por la Transparencia de los Lobbies y su Regulación Ética (ALTER-EU, en sus siglas en inglés) ha mandando a cada uno de los actuales veintiocho comisarios una carta para recordarles sus responsabilidades éticas al dejar un cargo público y evitar lo que se conoce como 'puerta giratoria'.
La 'puerta giratoria' es el fenómeno en que cargos públicos, tales como comisarios o ministros, al dejar sus puestos de trabajo, pasan –en muchas ocasiones- a formar parte de compañías privadas que puedan tener algún tipo de relación con su anterior responsabilidad política.
«Al final de la legislatura de la antigua Comisión de Barroso en 2010, un grupo de antiguos comisarios pasaron de desempeñar cargos públicos a defender los intereses del sector privado», recuerda ALTER-EU. Y cita como ejemplos, el caso de Günter Verheugen, ex comisario de Industria, que creó una consultora con su antigua jefa de gabinete. También, Charlie McCreevy, comisario de Mercado Interior que acabó formando parte de la aerolínea Ryanair. Las cartas enviadas a los comisarios les recuerdan que deben evitar los conflictos de interés porque socava la confianza de los ciudadanos respecto a la política europea.
«No queremos que se repitan otros escándalos como los de Verheugen y McCreevy en 2014. En enero ALTER-EU pidió al Presidente Barroso que recordara a sus comisarios las normas de la puerta giratoria antes de que dejen sus mandatos. La Comisión hizo caso omiso de nuestra petición, así que decidimos que tendríamos que hacerlo nosotros mismos», ha declarado Jorgo Riss el director de Greenpeace en Europa y miembro de ALTER-EU.
Las cartas piden a los comisarios que las normas que deben cumplir al acabar su mandato consisten en el envío de una notificación antes de 18 meses, tras dejar el puesto, donde expliquen su futuro profesional, en caso de dejar su cargo. Así como se les prohíbe trabajar en grupos de presión en el siguiente año y medio tras terminar la legislatura.
ALTER-EU, sin embargo, considera que ambas normas deberían prolongarse hasta los tres años para evitar conflictos de intereses.
