La presidencia española ha presentado durante la reunión de embajadores de los veintisiete (COREPER) el borrador que debe servir para crear la orden europea de protección de víctimas de violencia de género.

Todos los Estados miembros comparten los objetivos de la iniciativa española, pero hay muchas «diferencias técnicas» en las leyes de cada país que se deben salvar antes de que se pueda tramitar.

En algunos las órdenes de protección las dicta un juez, es el caso de España, en otros es la policía o incluso asistentes sociales.

El objetivo de la iniciativa es que las medidas que se dicten en un país para proteger a una víctima de maltrato no las pierda al trasladarse a otro. Por ejemplo, una orden de alejamiento de un maltratador se mantendría igual si éste sigue a su víctima a otro Estado. En la actualidad, la víctima debe pedir amparo en el país al que se traslada.

En 2008, se dictaron en la UE 118.000 medidas de protección para víctimas de delitos. No hay datos de cuantas se trasladaron de un país a otro, pero según los ponentes de la ley, aunque solamente fuera el 1% supondría 1.180 casos al año, que es un número a considerar.

La orden europea se dictará únicamente si lo solicita la persona protegida y serán las acordadas en el país de origen. Cuando se apruebe, los Estados miembros estarán obligados a reconocer las órdenes de protección que reciban de fuera y a ejecutar inmediatamente las disposiciones.

La iniciativa española cuenta con el respaldo de Bulgaria, Bélgica, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Suecia, Rumania y Portugal.