El objetivo declarado por las autoridades suizas, que han patrocinado la reunión, ha sido elevar el perfil de los derechos territoriales de las comunidades y establecer sus posibilidades sobre los recursos que atesoran sus comarcas, que están todas en países en desarrollo.

Algunas de las principales transnacionales extractivas y procesadoras de la minería y la agroindustria, que podrían beneficiarse con delimitaciones más definidas de la tenencia de la tierra y de la propiedad de los recursos en las zonas que concentran esas riquezas, están jurídicamante establecidas en Suiza, según observaron los participantes a la reunión.

El debate que ha durado dos días y que se ha realizado en Interlaken, centro turístico alpino, no ha tenido conclusiones resonantes aunque sí una cauta satisfacción por parte de las organizaciones no gubernamentales internacionales convocantes de la conferencia: Oxfam Internacional, la Iniciativa para los Derechos y Recursos, Helvetas Swiss Intercooperation, Land International Coalition, y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con el apoyo de la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo.

La principal conclusión es «que hoy hemos retado a lo imposible, que es trabajar por los derechos territoriales de las comunidades y aumentar las aspiraciones», nos dijo el asesor de política de tierras para Oxfam Internacional, Duncan Pruett. Y finalmente, «hemos establecido el desafío».

Del clima de concordancia observado al término de las deliberaciones de los 180 expertos y activistas de 40 países surge igualmente que habrá un fortalecimiento de las comunidades, con ayudas para que confeccionen los mapas de sus territorios y con mucha colaboración técnica, añade Pruett.

La filipina Victoria Tauli-Corpuz, directora ejecutiva de Tebtebba, una organización de redes indígenas, cree que la reunión «ha sido un buen comienzo». Es la primera vez que grupos tan diferentes y los pueblos indígenas son capaces de acercarse, comenta, aunque lamenta que la brevedad del encuentro haya impedido profundizar sobre el tipo de esfuerzos que habrá que realizar.

La reunión contó con una escasa participación del sector privado. Las dos presencias más notorias fueron los representantes de Rio Tinto, la gigante minera de origen australiano con intereses en todo el mundo, y la agroindustria suiza Nestlé, la mayor en ese sector.

Chris Anderson, director de comunidades y gestión social de Rio Tinto para las Américas, asegura que hay avances en el sector minero y puso como ejemplo a su empresa, que incorpora el derecho tradicional y la legislación occidental y trata de operar según el principio del consentimiento previo e informado. Pero Anderson también señala las dificultades de aplicar ese principio. «Nadie sabe cómo hacerlo», dice.

El empresario menciona otros dos problemas: la tendencia a «fetichizar» a las comunidades y a tratarlas como un todo homogéneo; y el hecho de que el movimiento ecologista defina la naturaleza como separada de los seres humanos, lo que entra en contradicción con la necesidad de establecer derechos sobre la tierra.

En cambio asistieron muchos expertos del conservacionismo ambiental y delegados de instituciones independientes de cooperación con países en desarrollo. Varios participantes notaron la ausencia de enviados del gobierno y de la sociedad civil de Brasil, país estratégico en estos intercambios a causa de la magnitud de su diversidad biológica. También se echó de menos a representantes del brasileño Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, cuya lucha en el terreno de la reforma agraria es muy conocida.

Se escucharon reclamaciones por la falta de una definición precisa del concepto de comunidades. Según Liz Alden Wily, especialista internacional en temas de la tierra, residente en Kenia que actúa sobre todo en África, hay unos 2.000 millones de personas desposeídas de tierras rurales en todo el mundo.

De ellos, entre 300 millones y 500 millones son pueblos indígenas, calcula. Son un sector importante pero no la totalidad del grupo, dice Alden Wily. «Lo que ocurre es que los pueblos indígenas han desarrollado un lobby muy fuerte y se hacen oír con una voz poderosa, con una tendencia a acaparar los temas como si fueran cuestiones que solo les interesaran a ellos».

«Hay millones de miembros de comunidades que no se identifican como pueblos indígenas. En África, los pueblos indígenas son una minoría, aunque una importante minoría, hay que decirlo», concluye.

Tauli-Corpuz admite que no existe una definición clara del término «comunidad». El Convenio sobre la Diversidad Biológica, vigente desde 1993, las denomina comunidades locales y especifica que dependen de los recursos naturales.

Los pueblos indígenas quieren que se aclare cuáles son las circunscripciones que verdaderamente tienen comunidades y territorios, expuso. «Existen otras variedades, como los pobladores que dependen de los bosques, los campesinos, los trabajadores rurales y los agricultores de pequeñas parcelas y se precisa una definición muy clara», reclama Tauli-Corpuz.

El subdirector general de la UICN, Poul Engberg-Pedersen, estima que para asegurar a largo plazo los derechos de las comunidades sobre la tierra se requiere que los gobiernos adopten marcos políticos, pero también que las autoridades mantengan un diálogo con esas poblaciones. «A menudo ese contacto se deberá establecer con los gobiernos locales para sentarse a conversar y establecer cuáles son los temas».

En cuanto a los donantes, Engberg-Pedersen espera que faciliten esas acciones sin interferir. «Esta es la clase de cuestiones que debe resolverse en cada país y en cada localidad, en los términos propios», comenta.

El dirigente de la UICN descarta que sea necesario adoptar nuevas normas o tratados pues ya existe un principio establecido de que toda decisión sobre una nueva inversión u obra de infraestructura deberá ser consultada previamente con las comunidades.

Sobre los resultados de la reunión, Pruett se declaró sorprendido por el grado de cooperación de los participantes. Sin embargo admitió que habrá que esperar hasta los próximos meses para determinar qué acciones concretas se podrán ejecutar.

A Tauli-Corpuz la conferencia le ha dejado experiencias provechosas, pues ha habido intercambios sobre las distintas comunidades. «He sacado una idea de lo que piensa el sector privado, que a veces, creo, es un riesgo. Pero es un riesgo que debemos encarar», expresó.

Alden Wily dice no estar convencida de que «hayamos logrado más avances de los que ya estamos consiguiendo en nuestro trabajo». «Traer a gente para reunirse ha sido muy costoso, en tiempo y especialmente en dinero, y ha estado bien, pero podría haber sido mejor», resumió.