En los dos últimos años habían firmado adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales «a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas», según dice en un comunicado la Fiscalía Anticorrupción.

«La connivencia de los ediles municipales y funcionarios con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos y (...) con intermediarios y sociedades instrumentales les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas por un valor aproximado de 250 millones de euros».

Han sido detenidas 36 personas, entre ellas seis alcaldes de diferentes localidades madrileñas, cuatro del Partido Popular (PP), uno del PSOE y otro independiente, y un presidente de Diputación. Hasta el momento ha habido 259 órdenes de registro de propiedades, 400 en entidades bancarias y compañías aseguradoras en las que se han bloqueado cuentas corrientes y valores y se han embargado 30 vehículos de lujo.

Se han llevado a cabo registros en los ayuntamientos de las localidades madrileñas de Parla, Pinto, Villalba y Valdemoro donde fue alcalde entre 1999 y 2003 uno de los principales implicados, Francisco Granados exvicepresidente y diputado de la Comunidad de Madrid, a cuyo apellido se debe el nombre que la policía ha puesto a la operación 'Púnica'/ Punica granatum.

La Fiscalía Anticorrupción comenzó en enero de este año cuando las autoridades de Suiza notificaron que sospechaban que una cuenta determinada se utilizaba para blanquear dinero. La cuenta, en la que llegó a haber más 1,5 millones de euros entre 2008 y 2011, pertenecía a Francisco Granados exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y parlamentario regional.

Este martes ha declarado el exsecretario general del Partido Popular Ángel Acebes por otro caso, la compra de acciones del periódico Linertad Digital con dinero de la 'caja B' del PP.

Acebes, que fue ministro de Justicia e Interior con José María Aznar, ha admitido que desde el periódico le pidieron ayuda pero ha asegurado que no recuerda si transmitió a algún subordinado que se compraran las citadas acciones por valor de 446.100 euros.

La comparecencia del exsecretario del PP ha sido ante el juez Ruz, que investiga el 'caso Gürtel', otro caso de corrupción política ligado a la financiación de partidos.