Las organizaciones de la sociedad civil española Coordinadora de Comités Oscar Romero, Entreculturas, InspirAction, InteRed, Manos Unidas y OCASHA-Cristianos con el Sur dan la bienvenida a las consultas iniciadas por el Presidente de República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, con distintos sectores de la sociedad para discutir el contenido de un Proyecto de Ley encaminado a encontrar una solución al problema de la desnacionalización de más de 250.000 personas dominicanas de ascendencia haitiana desde la polémica sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional. El Presidente tiene la intención de presentar la propuesta al Congreso en breve.
Las ONG españolas Coordinadora de Comités Oscar Romero, Entreculturas, InspirAction, InteRed, Manos Unidas y OCASHA-Cristianos con el Sur llevan meses insistiendo en que debe reconocerse el derecho al disfrute pleno de la nacionalidad de todas las personas nacidas en territorio dominicano antes de la promulgación de la Constitución del 2010. La sentencia TC/0168/13, dictada por el Tribunal Constitucional de República Dominicana, implica la desnacionalización de más de 250.000 personas dominicanas, afectando especialmente a las personas de ascendencia haitiana, ya que modifica retroactivamente la normativa hasta 1929. Desde el año 1929 hasta 2010, los hijos e hijas de migrantes adquirían la nacionalidad dominicana puesto que la ley de dicho estado establecía el ius soli – adquisición de la nacionalidad por el hecho de nacer en un determinado territorio – que sólo contemplaba dos excepciones: hijos e hijas de diplomáti cos y de personas «en tránsito». De esta manera, la sentencia es, por lo tanto, contraria a la Convención de Derechos Humanos y a los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dado que constituye discriminación en perjuicio de un grupo específico: la población dominicana de ascendencia haitiana.
Las organizaciones españolas insisten en que el Proyecto de Ley que se presente al Congreso debería restituir y reconocer la nacionalidad de las personas afectadas y observar los compromisos de protección de derechos humanos asumidos libremente por República Dominicana. Debe darse solución cuanto antes a la situación de exclusión en la que viven estas personas, que no pueden acceder a los servicios sociales más básicos ni hacer ningún tipo de trámite administrativo, necesario para cuestiones tan sencillas como casarse, viajar o registrar el nacimiento de un hijo.
Por lo tanto, reiteran la petición al Gobierno dominicano de:
Respetar el derecho de toda persona a una nacionalidad y acoger las recomendaciones de la CIDH, en cuanto que «toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, si no tiene derecho a otra».
Adoptar las garantías necesarias para que no se sucedan casos de apatridia y se garantice la dignidad de las personas.
Adoptar medidas urgentes que garanticen los derechos de quienes han sido privados de la nacionalidad y, con ello, su acceso a los servicios sociales básicos como la educación y la salud.
Garantizar a través de una ley de reconocimiento el derecho a la nacionalidad que cientos de miles de personas adquirieron bajo el régimen vigente entre 1929 y 2010. La Constitución de 2010 sostiene que son dominicanas todas las personas que a su entrada en vigor tengan dicha nacionalidad, que la ley menos favorable no puede aplicarse de forma retroactiva y que, en materia de derechos fundamentales, hay que legislar a favor de las personas. El artículo 74.3 de la Constitución de República Dominicana señala que «Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado».
Garantizar no registrar como extranjeros a los desnacionalizados como requisito para el reconocimiento de sus derechos.
Establecer procedimientos generales, automáticos, sencillos, claros, rápidos, justos y asequibles, que no deben ser discrecionales o implementados de forma discriminatoria.
Adoptar medidas de protección para los integrantes del movimiento Reconocido - organización compuesta por dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que exigen que el Estado reconozca su nacionalidad dominicana – que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia debido a las amenazas y agresiones a las que han estado expuestos.
El pasado 9 de abril, quince diputados/as del Parlamento Europeo expresaron su preocupación e inquietud por los efectos derivados de la aplicación de la sentencia TC/0168/13 a través de una comunicación enviada al presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, y en la que se alerta nuevamente de la situación que esta privación de la nacionalidad puede ocasionar en cuanto a la vulneración de los derechos fundamentales. Entre otros pronunciamientos relevantes como el del ACNUR o UNICEF, la carta pone de relevancia la repercusión y disconformidad internacional a la sentencia y las consecuencias derivadas de ésta. NdP Coordinadora de Comités Oscar Romero, Entreculturas, InspirAction, InteRed, Manos Unidas y OCASHA-Cristianos con el Sur
