La nueva Directiva contribuirá a evitar potenciales conflictos entre esos usos tan diferentes y creará un entorno estable y atractivo para los inversores.
Cada vez se realizan más actividades en el espacio marítimo, desde fuentes de energías renovables a instalaciones de acuicultura, es necesario mejorar la ordenación y la coherencia de estas actividades marítimas. La Directiva que acaba de aprobar el Parlamento Europeo establece requisitos mínimos para la elaboración de los planes nacionales de ordenación marítima. Estos planes determinarán todas las actividades humanas existentes, teniendo en cuenta las interacciones entre la tierra y el mar, y la forma más eficaz de gestionarlas. Dado que muchas de tales actividades traspasan las fronteras nacionales, la Directiva ayudará a los Estados miembros a mejorar la cooperación entre ellos.
La ordenación del espacio marítimo (OEM) es una piedra angular de la estrategia de «crecimiento azul» de la Comisión y de la política marítima integrada de la UE. Mejora la comprensión de la distribución de los recursos marinos y ofrece a los inversores una mayor certidumbre en cuanto al desarrollo económico potencial. Con la ordenación del espacio marítimo, los operadores sabrán dónde, cuándo y cuánto tiempo puede tener lugar una actividad.
La ordenación del espacio marítimo contribuirá también a combatir el exceso de legislación actual y la complejidad administrativa. Por ejemplo, en algunos países es necesario contactar hasta nueve organismos públicos diferentes para obtener una licencia para un emplazamiento de acuicultura en alta mar. La mejora de la coordinación agilizará los procedimientos, generando beneficios económicos. La Comisión Europea calcula por ejemplo, que, agilizar en uno, dos o tres años las inversiones en instalaciones de acuicultura en alta mar o de energías renovables podría generar, de aquí a 2020, beneficios de 60 a 600 millones de EUR.
La ordenación del espacio marítimo también contribuirá a una aplicación más eficiente de la legislación ambiental de la UE en aguas marinas y ayudará a los Estados miembros a alcanzar un buen estado medioambiental de sus aguas de aquí a 2020. Asimismo, debe contribuir a establecer redes coherentes de zonas marinas protegidas, para lo cual es esencial la cooperación transfronteriza en materia de ordenación, y a garantizar la participación de todas las partes interesadas en los procesos de ordenación.
Una vez que los ministros de los veintiocho den definitivamente el visto bueno a la Directiva, los Estados miembros la deben transponer a sus legislaciones nacionales de aquí a 2016 y designar a la autoridad competente responsable de la aplicación de la ordenación del espacio marítimo. Además, de aquí a 2021 deben elaborar planes de ordenación marítima cuyo contenido y estrategias pueden adaptar en función de sus prioridades económicas, sociales y medioambientales específicas, así como de los objetivos de sus políticas sectoriales nacionales y sus tradiciones jurídicas, aunque respetando los requisitos mínimos de la Directiva.