«Nuestro objetivo es desarrollar directrices concretas y prácticas para que los Gobiernos cumplan con su obligación de evitar la privación de libertad arbitraria», ha explicado Mads Andenas, presidente del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas. Y es que recuerdan que la Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge los estándares mínimos que se deberían seguir en cualquier detención, poniendo especial cuidado en el llamado Habeas Corpus.
El objetivo de la reunión era analizar el desarrollo de las legislaciones vigentes y consensuar una serie de recomendaciones sobre los procedimientos a llevar a cabo cada vez que se produzca un arresto. De esta manera, los expertos han intercambiado puntos de vista en relación a la aplicación de los estándares establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. «Haremos especial hincapié en señalar los obstáculos que enfrentan a los inmigrantes y solicitantes de asilo, los niños, las personas con deficiencias y todos los detenidos en relación a las políticas de antiterrorismo, seguridad nacional u obtención de información», explicaba Andenas.
Preocupación por la guerra contra el terrorismo
Uno de los focos de atención este año han sido las consecuencias de la llamada guerra contra el terrorismo. El grupo de trabajo ha alertado de que se están llevando a cabo limitaciones «arbitrarias e inaceptables», para políticos de la oposición, disidentes religiosos y otras personas en pleno derecho de su ejercicio de la libertad de expresión. Según datos de Naciones Unidas, más de 43.000 personas han sido dadas por desaparecidas en todo el mundo, muchas debido a retenciones ilegales.
Sólo el año pasado el grupo de trabajo adoptó 60 opiniones en relación a la detención de 431 personas en 39 países y transmitió 110 llamadas urgentes a otros 37, en relación a 680 casos individuales. Siria es este año el país que más preocupa, ya que según ha denunciado Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad están reteniendo de forma ilegal, a miles de ciudadanos contrarios al Gobierno.
Pero la sospecha de detenciones ilegales planea también sobre otros muchos estados, incluido España. El Comité de Derechos Humanos, al que pertenece el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, condenaba el pasado 28 de agosto al Estado español por la extradición a Marruecos, en 2010, de un ciudadano de origen marroquí y nacionalidad belga, que sufrió torturas en su país de origen. Además, la Federación Andalucía Acoge y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, han denunciado ante este organismo la actuación del Gobierno tras la llegada masiva de pateras los pasados 11 y 12 de agosto. Explican que se vulneraron los derechos de los inmigrantes que llegaron esos días a Tarifa porque fueron privados de libertad en un polideportivo durante 72 horas sin asistencia de un abogado, lo que a su juicio supone una «detención ilegal».
Hace un año el grupo de trabajo ya presentó un informe dramático de la situación internacional que revelaba la existencia de una brecha importante en la aplicación de los derechos a las personas en situación de privación de libertad. Desde 2012 tiene el mandato de Naciones Unidas para elaborar una «guía básica de los derechos de los detenidos». Aunque estos días en Ginebra se ha vivido un adelanto de las primeras recomendaciones, está previsto que la resolución se presente oficialmente en 2015.
