Los matrimonios entre parejas de diferentes nacionalidades tendrán menos problemas a la hora de separarse con un nuevo Reglamento de la UE, que no se va a aplicar en todos los países. Han sido solamente diez los que han pedido esta nueva normativa: Austria, Bulgaria, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Rumania, Eslovenia y España.

Como ha dicho la comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, «los matrimonios internacionales pueden encontrarse con problemas jurídicos arbitrarios que convierten la tragedia del divorcio en un desastre financiero y emocional, generando situaciones muy duras en las vidas de algunas personas». En muchos casos son los hijos y el cónyuge más débiles los que más sufren.

En estos momentos la situación de los matrimonios de diferentes países es complicada. Hay 20 países que fijan qué ley nacional hay que aplicar teniendo en cuenta la nacionalidad y la residencia a largo plazo de forma que el divorcio se dirima por una ley que les concierna.

Los siete Estados miembros restantes (Dinamarca, Letonia, Irlanda, Chipre, Finlandia, Suecia y Reino Unido) aplican siempre su ley nacional.

El Reglamento que propone la Comisión Europea, aunque solo para 10 países, establece que los matrimonios tengan un mayor control sobre su separación. Podrán decidir la ley nacional que se aplique a su divorcio, es decir, podrán pedir que se aplique la ley de cualquiera de las dos nacionalidades.

Cuando sea imposible que la pareja se ponga de acuerdo el Tribunal tendrá una fórmula para decidir.

Estos términos los podrá establecer la pareja antes de que piensen en una separación, es decir, como cláusulas de su matrimonio.

Otra de las propuestas de esta normativa es la de proteger al cónyuge más débil. Por ejemplo, el matrimonio se separa y uno de los miembros de la pareja, el que tiene mayor capacidad económica, se traslada a vivir a otro país, pasado un año podría pedir allí el divorcio sin el consentimiento del otro cónyuge. En este caso la UE dice que el divorcio debería realizarse en el país en el que residió la pareja con anterioridad.

Esta normativa debe seguir todavía un largo camino hasta que se pueda aplicar. En primer lugar los veintisiete deben decidir si estos 10 países pueden tener esta cooperación entre ellos y debe ser el Parlamento Europeo quien dé el consentimiento final.