Crecer en medio de la pobreza puede tener repercusiones durante el resto de la vida. La pobreza infantil es una realidad cotidiana en los Estados de la Unión Europea (UE), en los que se calcula que más de la cuarta parte de los niños viven amenazados por la pobreza y la exclusión social. El martes 24 de noviembre, los eurodiputados han aprobado por abrumadora mayoría una resolución que pide a los países de la UE que redoblen sus esfuerzos para combatir la pobreza infantil y las desigualdades sociales.

Según la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, se debe garantizar el derecho de todos los niños a la educación, la sanidad, la vivienda, el ocio y una alimentación equilibrada. Pero la realidad es otra en Europa. Según Eurostat, en 2014, alrededor de 26 millones de menores de 18 años estaban amenazados por la pobreza y la exclusión social, cifra que equivale al 27,7 por ciento de los niños de los veintiocho países de la Unión Europea.

Los porcentajes más elevados son los correspondientes a Rumanía (51 por ciento), Bulgaria (45,2 por ciento) y Hungría (41,4 por ciento). Los porcentajes más bajos son los registrados en Dinamarca (14,5 por ciento), Finlandia (15,6 por ciento) y Suecia (16,7 por ciento). España fue en 2014, siempre según los datos de Eurostat, el octavo país de la UE con mayor porcentaje: 35,8 por ciento.

La desnutrición es también un problema creciente en Europa. Según UNICEF, en Estonia, Grecia e Italia, se ha duplicado desde 2008 el porcentaje de niños que no puede permitirse comer carne, pollo o pescado una vez cada dos días.

La pobreza no es sólo una cuestión de dinero. Además de la imposibilidad de subvenir a necesidades básicas de los niños como los alimentos, la ropa y la vivienda, la pobreza también está vinculada con la exclusión social y la falta de acceso a la sanidad y la educación de calidad. Los niños que viven con sólo uno de sus progenitores, sobre todo madres solteras, se ven más amenazados por la pobreza.

Los eurodiputados aprobaron una resolución este martes que pide a los Estados de la UE que coloquen a los niños entre sus prioridades políticas. La resolución también recomienda a los Estados miembros que garanticen a todos los niños el acceso a una educación pública gratuita, integradora y de calidad para todas las edades.

Cristina Zuber (GUE, Portugal) ponente parlamentaria de este informe, afirmó que «las políticas de austeridad han creado esta situación que va a peor». Defendió que los Estados de la UE deben garantizar «el acceso a la educación, la sanidad y los servicios de la seguridad social a los niños y a sus familias». E hizo hincapié en la necesidad de «combatir el desempleo, impulsar la seguridad laboral y las redes sociales educativas para los padres, y una alimentación equilibrada y una vivienda adecuada».