La filtración de documentos, divulgados por varios medios como el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), ha motivado manifestaciones e investigaciones de autoridades nacionales en distintas partes del mundo.

Los papeles de Panamá conectan a miles de destacadas figuras públicas con empresas en 21 paraísos fiscales y destapan el funcionamiento interno del sector financiero en localidades que ofrecen ventajas fiscales.

Los documentos filtrados pertenecen al estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, con 210.000 entidades, y al que se acusa de haber ayudado a funcionarios públicos y a corporaciones multinacionales a evadir impuestos. El bufete sostiene que la prensa ha tergiversado la naturaleza de su trabajo y su papel en el mercado financiero global.

Uno de los casos desvelados por los papeles de Panamá sugiere que la compañía Heritage Oil and Gas Ltd (HOGL) recurrió a Mossack Fonseca para no cumplir con las leyes fiscales de Uganda.

Según ICIJ, los correos electrónicos filtrados revelan que tras la venta de un yacimiento petrolero, la compañía debía pagar 404 millones de dólares en impuestos. Para no desembolsar esa suma, HOGL llevó el caso a la justicia ugandesa mientras trataba de relocalizar sus operaciones en Mauricio.

Ese país tiene un acuerdo de doble imposición con Uganda, lo que permite a empresas como HOGL pagar impuestos en un solo estado. En 2000, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ubicó a Mauricio entre las localidades preferidas por las empresas por sus mínimas normas tributarias.

Los paraísos fiscales privan a países en desarrollo como Uganda de los ingresos fiscales necesarios para brindar servicios esenciales, nos explica el asesor en materia impositiva de la organización no gubernamental Oxfam, Tatu Ilunga.

En Uganda, alrededor del 37 por ciento de los más de 32,7 millones de habitantes viven con menos de 1,25 dólares al día. Ese país de África oriental también es donde se registra el mayor número de casos de mortalidad materna e infantil del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Uganda están entre los 10 países que concentran la mayoría de las muertes maternas.

Los 404 millones de dólares de HOGL superan el presupuesto que ese país, que carece de servicios médicos, destina a la salud.

En Nigeria, el gobernador del estado petrolero Delta, James Ibori, también se ha visto implicado por los papeles de Panamá porque, al parecer, utilizó a Mossack Fonseca como agente de cuatro compañías en el extranjero, ubicadas en Panamá y Seychelles. Esas entidades le garantizaron el anonimato para esconder a los verdaderos propietarios y a las acciones, lo que le permitió no declarar ni gravar fondos y valores.

Ibori fue detenido en 2012 por desviar más de 75 millones de dólares fuera del país, pero las autoridades nigerianas estiman que robó y ocultó más de 290 millones de dólares en paraísos fiscales.

Al igual que Uganda, los indicadores de salud de Nigeria son malos, pues concentra alrededor de 10 por ciento de las muertes maternas e infantiles y la pobreza aumentó, en un 61 por ciento con más de 186 millones de habitanes viviendo en la pobreza, según los últimos datos oficiales de la Oficina de Estadísticas.

La región de Delta del Níger, en particular, es un importante contribuyente a la economía nacional gracias a la producción de petróleo y, sin embargo, es una de las más pobres y con menos desarrollo de Nigeria. En el estado de Delta, gobernado por Ibori (1999-2007), el 45 por ciento de la población es pobre. Si bien el dinero escondido por Ibori es una pequeña parte del presupuesto de Nigeria, el hecho refleja un problema global y generalizado que va más allá de Mossack Fonseca.

El coordinador de política de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, Craig Fagan, comenta: “Y pensar en los millones de documentos divulgados y el número de destacadas figuras (implicadas en el escándalo), y es solo un estudio en Panamá”.

«Podemos estar seguros de que hay muchos otros, ya sea en Londres, Hong Kong, Nueva York o Miami que operan con estructuras similares», reflexiona.

Según estimaciones de Oxfam, por lo menos 18,5 billones de dólares están escondidos en paraísos fiscales. Según la organización, dos terceras partes están ocultos en paraísos relacionados con la Unión Europea, y el resto en lugares vinculados con Gran Bretaña, donde permanecen sin declarar ni gravar. Y Oxfam alega que son estimaciones conservadoras.

El Swissleaks, el anterior escándalo similar divulgado por ICIJ en 2015, reveló que 106.000 clientes, desde Venezuela hasta Sri Lanka, escondieron más de 100.000 millones de dólares en cuentas del banco HSBC.

Un análisis de la Red de Justicia Impositiva (TJN) reveló que se desvían entre 21 billones y 32 billones de dólares a través de compañías en paraísos fiscales. El hecho tiene graves consecuencias para los países en desarrollo, que dejan de recaudar unos 100.000 millones de dólares al año en impuestos, señala Oxfam.

La organización concluye así mismo que solo la malversación de fondos por parte de las corporaciones multinacionales le cuesta a los países en desarrollo entre 100.000 millones y 160.000 millones de dólares al año. Si se le suma la transferencia de activos, la pérdida asciende a entre 250.000 millones y 300.000 millones de dólares.

El dinero 'perdido' podría sacar de la pobreza tres veces a todas las personas, según estimaciones de la Brookings Institution.

Oxfam también destaca que por cada 1.000 millones de dólares evadidos, 11 millones de personas en la región del Sahel podrían contar con alimentos suficientes, también podrían pagarse 400.000 parteras en África subsahariana, donde se concentra la mayor mortalidad materna, y podrían comprarse 200 millones de mosquiteras para reducir la mortalidad infantil causada por la malaria.

«Es el mismo sistema fraudulento que ha creado una situación donde la riqueza del uno por ciento más adinerado supera a la del resto del mundo», recuerda Ilunga, de Oxfam.

«La malversación fiscal existe en una zona legal gris en la que algunas actividades claramente violan el espíritu de la norma, pese a que no son técnicamente ilegales. Pero el hecho de que sean legales es precisamente el escándalo que más nos preocupa a todos», subraya. «Solo porque no sea ilegal no quiere decir que no sea una forma de manipulación y de corrupción», precisa Fagan, de Transparencia.

Ilunga y Fagan coinciden en que los papeles de Panamá son un aviso y urgen a los gobiernos a poner fin a las prácticas fiscales perjudiciales y a llenar los vacíos legales. También subrayan la necesidad de crear un registro público con los verdaderos propietarios y dueños de las empresas, y que aclare dónde y cuánto dinero se genera.

Con vistas a la cumbre contra la corrupción que se realizará en Gran Bretaña en mayo de este año, Oxfam y la Red de Justicia Impositiva piden a Londres que encabece la lucha contra la vasta red de paraísos fiscales más cercanos, como las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán.

«La cumbre ofrece una oportunidad para desmantelar el secreto que rodea a las finanzas y pone en riesgo la lucha contra la pobreza» que el mundo busca lograr con los ODS, señalaron en un comunicado el asesor de política de Oxfam, Luke Gibson, y el director de investigación de TJN, Alex Cobham.

Los ODS también incluyen el compromiso de reducir el flujo ilícito de fondos y la corrupción para 2030, así como fortalecer la movilización nacional de recursos, lo que incluye la capacidad de recaudar impuestos.