En su escrito a la Comisión, los eurodiputados socialistas recuerdan que la Ley de Seguridad Ciudadana, que fue aprobada por el Congreso de los Diputados únicamente con los votos del Partido Popular, «impone fuertes sanciones, al margen del control judicialmente inmediato, contra acciones en ejercicio de los derechos fundamentales, limitando libertades consagradas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea».

«La regresiva Ley aprobada por el PP, con el rodillo de su mayoría absoluta y en contra de todos, es profundamente lesiva para las libertades públicas y los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas y queremos que la Comisión se pronuncie sobre si considera que es contraria al Derecho Europeo y a la Carta de Derechos Fundamentales», ha declarado la presidenta de la Delegación, Iratxe García.

El texto remitido a la Comisión detalla los artículos que podría estar vulnerando la Ley: derecho de reunión (art. 12), la tutela judicial efectiva (art. 47) al obligar a la persona sancionada a agotar la vía administrativa antes de recurrir a la jurisdicción contenciosa-administrativa, sujeta al pago de altas tasas judiciales introducidas por el Gobierno del PP y que no rigen en el procedimiento penal; también respecto de la vida privada (art. 7) al permitir ordenar escuchas y registros policiales sin previa autorización judicial; y el principio de proporcionalidad en los delitos y en las penas (art. 49.3), al recaer anteriormente estas conductas en el ámbito penal, mucho más garantista.

Asimismo, el texto dirigido a la Comisión incide en que «modifica la Ley de Extranjería para 'legalizar' las 'devoluciones en caliente', consistentes en expulsar sumariamente a inmigrantes que llegan a suelo español», lo cual es contrario al derecho internacional de asilo que exige la asistencia letrada al demandante de asilo.

«Los socialista españoles insistiremos hasta conocer la opinión de la Comisión sobre este nuevo e inadmisible recorte de nuestros derechos», ha concluido Iratxe García.