«Somos personas de todo tipo, habitantes de la zona, que amamos nuestra tierra y deseamos proteger su biodiversidad», nos cuenta el activista Hipólito Delgado, de la Asamblea Antifracking de Las Merindades, una comarca de la provincia de Burgos.

Allí, la empresa BNK España, filial de la canadiense BNK Petroleum, ha pedido permisos para perforar 12 pozos exploratorios y está en espera de la evaluación de impacto ambiental requerida por la ley.

El 3 de mayo unas 4.000 personas se manifestaron en el municipio burgalés de Medina de Pomar para demandar al gobierno que no permita estos sondeos exploratorios y reclamar la paralización de las solicitudes similares, por los múltiples riesgos que, arguyen, entraña la técnica para el ambiente y la salud de la población.

En España no hay actualmente ninguna licencia de fracking, término inglés por el que también se conoce la hidrofractura, para explorar o extraer gas de esquisto (pizarra). Pero sí existen 70 permisos de investigación y 62 solicitudes de exploración pendientes de concesión, según datos del Ministerio de Industria y Energía.

Todos son con vistas a la explotación del gas, el combustible en que se concentra actualmente el desarrollo del esquisto en España. «Gracias a la lucha de la población» se logró la anulación de un permiso de exploración en la comunidad de Cantabria en febrero de 2014, nos explica la activista Carmen González, de la Asamblea Contra el Fracking de Cantabria, integrada sobre todo por habitantes de zonas rurales de esa región.

Los detractores de la fractura hidráulica advierten sobre la contaminación de acuíferos por el uso de productos químicos, del peligro de fugas a la atmósfera de gas metano, con una capacidad como gas de efecto invernadero superior en 25 por ciento a la del dióxido de carbono, y del riesgo de movimientos sísmicos.

«Cada vez hay más informes negativos sobre el fracking», alerta el geólogo Julio Barea, portavoz de Greenpeace España, quien asegura que en el país existe un «rechazo social y político absoluto» hacia esta técnica que «nadie quiere».

El ministro de Industria y Energía, José Manuel Martínez Soria, respalda el desarrollo de la fractura hidráulica «siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones y requisitos generales».

Hace 12 meses, 20 partidos políticos, incluido el principal de oposición, el Partido Socialista Obrero Español, firmaron en el parlamento el compromiso de prohibir el fracking cuando cambie el gobierno, por «su impacto ambiental de consecuencias irreversibles». Solo cuatro partidos de derecha y centro derecha, incluido el gobernante Partido Popular, promotor del desarrollo del gas no convencional, se abstuvieron de suscribir el compromiso.

Para extraer el gas se perfora un pozo vertical hasta las capas de pizarra donde se encuentra atrapado, entre 400 y 5.000 metros bajo la superficie de la tierra. Una vez alcanzado este nivel se abre un pozo horizontal de hasta tres kilómetros y se inyecta a alta presión entre 10.000 y 30.000 metros cúbicos de agua, arena y compuestos químicos para romper la roca y liberar el hidrocarburo, que vuelve junto a los aditivos a la superficie donde es separado.

Las empresas interesadas minimizan los peligros de esta técnica y destacan el gran potencial en España del gas de esquisto (shale en inglés), sobre todo en la zona de Cantabria, País Vasco y Castilla y León, aunque también hay permisos de exploración en otras comunidades.

«Como cualquier actividad conlleva riesgos, pero los avances tecnológicos permiten minimizarlos», ha dicho Daniel Alameda, director general de Shale Gas España, una plataforma de las empresas del sector con permisos de exploración en el país. Asegura que las compañías «son totalmente conscientes de que tienen que respetar el ambiente».

Defiende que es «imposible técnicamente» que el fracking pueda contaminar los acuíferos ya que la fracturación se produce a unos 3.000 metros por debajo del nivel donde se encuentran y los pozos están aislados con una barrera protectora de acero y cemento.

«Es una patraña que el fracking no contamine», nos rebate el activista Samuel Martín-Sosa, responsable internacional de Ecologistas en Acción. Recuerda, que ya hubo una primera sentencia contra esta industria, en el estado estadounidense de Texas. En ella, una compañía petrolera fue condenada en 2014 a indemnizar a una familia que enfermó por la proximidad a sus pozos.

Shale Gas España también rechaza que exista una vinculación entre la hidrofractura y los movimientos sísmicos. «No producimos terremotos. Tenemos todas las herramientas para que la actividad no suponga una amenaza ni para los ciudadanos ni para las propias empresas», asegura Alameda.

En un documento de 2014, el Instituto Geológico y Minero de España advirtió sobre la posible radioactividad de las aguas del entorno, la contaminación de los acuíferos y de la atmósfera y la sismicidad como principales preocupaciones que plantea el fracking.

Martín alerta sobre que es un hecho que la mayoría de las demandas no llegan a juicio porque las empresas logran acuerdos económicos y «cláusulas de confidencialidad» que impiden hablar a los afectados por los pozos.

Estados Unidos es el mayor productor mundial de hidrocarburos de esquisto, seguido por Argentina. En la Unión Europea, Francia fue el primer país del mundo en prohibir la hidrofractura, en julio de 2011, y actualmente 17 países excluyen su uso y España y otros 10 lo permiten, con Gran Bretaña a la cabeza de su desarrollo.

Alameda asegura que el esquisto permitirá crear puestos de trabajo, reducir la dependencia energética y mejorar la balanza comercial. España importa en torno al 80 por ciento de la energía que consume, según datos del Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020. Los promotores de la explotación del gas no convencional estiman que sus yacimientos permitirían el autoabastecimiento del país por 90 años, aunque esto solo se puede probar mediante la exploración.

Pero para reducir esa dependencia «el camino no es la extracción de gas, no nos podemos permitir seguir quemando hidrocarburos», advirtió Martín-Sosa, de Ecologistas en Acción. El ambientalista criticó la «promoción absoluta» del esquisto por el gobierno, cuando lo que se requiere es «un cambio del modelo energético», basado en el abandono de los combustibles fósiles por las energías renovables. Pero estas «tienen más trabas que nunca» desde el poder central, aseguró.

Desde Shale Gas, en cambio, aseguran que «la industria del gas y el petróleo es compatible con las energías renovables».

Cuatro de las 17 comunidades autónomas españolas aprobaron en el bienio 2013-2014 leyes para prohibir el fracking en sus territorios, pero el gobierno central introdujo cambios en la competencia sobre este desarrollo, que permitieron la revocación de las normas regionales por el Tribunal Constitucional del país.

Martín-Sosa considera que lo que debe buscarse es la prohibición nacional de la hidrofractura y no tratar de regularla.