Días después, el portavoz del gobierno etíope, Redwan Husein, urgió en una entrevista por televisión a las personas que estuvieran pensando en emigrar a no arriesgar sus vidas utilizando rutas peligrosas, una insuficiente reacción que generó protestas juveniles en esta capital y molestó a los familiares de los fallecidos.

Los manifestantes criticaron como muy tibia la respuesta del gobierno por la masacre de cristianos ortodoxos, informó la prensa. Los enfrentamientos se reprodujeron más tarde entre las fuerzas de seguridad y manifestantes con un saldo de varias personas heridas y cientos detenidas.

Casi dos tercios de la población etíope es cristiana, la mayoría coptos ortodoxos, que llegaron a a este país del Cuerno de África en el siglo I.

En Libia, combatientes del EI decapitaron a 16 emigrantes etíopes en una playa y dispararon a otros 12 en una zona desértica. Cinco de ellos vivían en Cherkos, un barrio pobre de Adís Abeba, entre los que estaban Eyasu Yikunoamilak y Balcha Belete.

El hermano mayor de Yikunoamilak, Seyoum, dijo a FBC que Eyasu y Balcha habían salido hace dos meses de Etiopía hacia Sudán con la idea de buscar trabajo en Gran Bretaña para ayudar a sus familias.

«Hablé con ellos por teléfono mientras estuvieron en Sudán», relata Seyoum afligido. «No supe nada más desde que llegaron a Libia hace un mes». Eyasu ya había estado trabajando en Qatar y con sus ahorros le pagó los gastos a su amigo para llegar a Europa, añadió.

A pesar de la advertencia del gobierno, Meshesa Mitiku, un viejo amigo de Eyasu y Balcha y también de Cherkos, declaró a la agencia Associated Press: «Voy a probar suerte, pero no por Libia. Aquí no hay posibilidad de mejorar».

Los legisladores etíopes declararon tres días de duelo y el gobierno anunció que repatriaría a todos los emigrantes en países peligrosos, informó la emisora en amárico de la Voz de América, con sede en Washington.

El 24 de mayo habrá elecciones parlamentarias en Etiopía, las primeras desde la muerte del líder Meles Zenawi, y se prevé que el actual primer ministro, Hailemariam Desalegn, no tenga prácticamente oposición.

«Debemos redoblar los esfuerzos para luchar contra el terrorismo», señaló el portavoz de la cancillería Tewolde Mulugeta, en respuesta a las reclamaciones de los manifestantes. «Tratamos de crear oportunidades de trabajo para los jóvenes. Los invitamos a aprovechar esas oportunidades en su país», añadió.

El desencanto marcado por la represión, la desigualdad y el desempleo ha propiciado varias protestas contra el régimen en los últimos años. «La idea de que la mayoría de los migrantes etíopes se van por razones económicas parece infundada», arguyó Tom Rhodes, representante en África oriental del Comité para la Protección de los Periodistas, a quien preguntamos. También señaló que la violación de las libertades fundamentales está estrechamente vinculada con la pobreza y la desigualdad económica.

Yared Hailemariam, exinvestigador del Consejo de Derechos Humanos de Etiopía, coincide: «La represión generalizada y la negación de las libertades fundamentales lleva a la frustración, a la alienación y a la desilusión de la mayoría de los jóvenes». «La ciudadanía tiene derecho a protestar de forma pacífica», sostuvo Felix Horne, investigador en África oriental de la organización Human Rights Watch (HRW).

«No llama la atención, dado lo que hace el gobierno para limitar las protestas pacíficas, que jóvenes desfavorecidos aprovechen la escasa oportunidad de una manifestación pública para expresar sus frustraciones. Es un resultado inevitable cuando no hay otra forma de expresarse», añadió.

Los principales partidos de la oposición acusan al gobierno de no crear puestos de trabajo y de convertir a la emigración en la única alternativa. El régimen favorece, según ellos, a los integrantes del gobernante Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope y crea desigualdades económicas.

Considerado el «tigre africano», Etiopía es uno de los países más poblados del continente con 94 millones de habitantes, superado por Nigeria, con 173,6 millones. Pero el desempleo afecta al 20,26 por ciento de la población económicamente activa entre 1999 y 2014.

Alrededor de 37 millones de etíopes, un tercio de la población, son «pobres o corren el riesgo de ser pobres», según un informe del Banco Mundial de 2005. La institución también señala que «los más pobres de Etiopía se han vuelto aún más pobres» en la última década.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que alrededor del 29 por ciento de la población es pobre. Eso explica que Etiopía esté en el lugar 174, entre 187, del Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El Instituto Oakland, con sede en Estados Unidos, que se dedica a estudiar el acaparamiento de tierras, tuvo una controversia con el gobierno de este país por su último informe «Decimos que la tierra no es de ustedes: rompiendo el silencio por el desplazamiento forzoso en Etiopía».

Según el gobierno, el instituto utilizó «información sin verificar y que es imposible de verificar».

En una respuesta a la embajada de Etiopía en Gran Bretaña el 22 de este mes, el instituto cuestionó la afirmación del gobierno etíope de que el desarrollo actual mejora el estándar de vida del país. Según Yared Hailemariam, la propiedad estatal de la tierra contribuye a la pobreza y a la desigualdad.

La trágica noticia de la masacre en Libia coincidió con ataques xenófobos contra emigrantes etíopes en Sudáfrica la semana pasada, que incluyó el saqueo y la quema de inmuebles. También hay un gran número de ciudadanos de este país atrapados en el conflicto en Yemen, según informa la prensa estatal.