El pleno de la Eurocámara ha aprobado nuevas normas sobre las tasas de intercambio para operaciones de pago basadas en una tarjeta. Estas tasas que los bancos cargan por gestionar los pagos de los consumidores deberían estar limitadas en la Unión Europea al 0,3 por ciento del valor de la transacción si se utiliza una tarjeta de crédito, y a un máximo de 7 céntimos si es una tarjeta de débito. El ponente y eurodiputado popular español Pablo Zalba, ponente de la iniciativa, explica que los consumidores se ahorraran cientos de miles de euros.
Los consumidores se van a beneficiar principalmente de dos maneras dice Zalba, porque «vamos a imponer un límite a estas tasas de intercambio, de modo que van a ahorrarse cientos o incluso miles de millones de euros; e introduciremos más transparencia para que al pagar sepan qué cantidad corresponde a estas tasas. Una ventaja adicional de esta propuesta es que contribuirá a combatir el fraude porque al impulsar los pagos con tarjeta el fraude es más difícil».
Zalba cree que no se puede asegurar que las instituciones financieras carguen tasas de intercambio artificialmente infladas a los consumidores, pero considera que «lo cierto es que es un mercado en el que hasta ahora no ha habido mucha competencia, y ya sabemos lo que ocurre en estos casos». «Lo que sí puedo afirmar es que una vez que esta normativa entre en vigor, los ciudadanos pagarán menos. Y como a medio y largo plazo aumentarán los pagos con tarjetas, las instituciones financieras verán aumentar sus ingresos».
Según ha podido constatar el eurodiputado español, los consumidores del Este son los que están pagando tasas más elevadas debido a una menor penetración y al menor uso de tarjetas. Los nórdicos y los holandeses son los que pagan tasas más bajas.
El proyecto de ley fija límites a las comisiones interbancarias de los pagos realizados con tarjetas de crédito y de débito. El Parlamento Europeo busca así, reducir las tasas que los bancos cobran a los comerciantes por los servicios de pago y que ocasionan un aumento del precio final para el consumidor. Según la CE, estas comisiones suponen un coste de 10.000 millones de euros al año para los comerciantes de la UE.
