El impulsor de la campaña durante todo enero es el Centro Interreligioso de Responsabilidad Empresarial (ICCR, en inglés), que representa a 300 organizaciones de inversores basadas en la identidad religiosa de sus asociados y que gestionan alrededor de 100.000 mil millones de dólares en activos.

La exigencia de que modifiquen sus prácticas apunta en particular a 15 empresas transnacionales de los sectores del turismo y la industria alimentaria, que tienen sus casas matrices en Estados Unidos.

Se considera que estos sectores, que abarcan hoteles, líneas aéreas, cadenas de restaurantes, grandes empresas minoristas y agroindustriales, se encuentran especialmente en riesgo en materia de violaciones de los derechos humanos.

«Todos tenemos un papel que desempeñar para combatir adecuadamente los abusos como la trata de seres humanos», plantea Amol Mehra, director de International Corporate Accountability Roundtable, una red de organizaciones de Washington. «Las empresas deben convertirse en parte de la solución al poner en práctica el respeto por los derechos humanos y asegurar que sus socios, proveedores, filiales y representantes hagan lo mismo», nos dijo.

A su juicio esa obligación «implica algo más que el cumplimiento de las leyes nacionales... deben asegurarse de que, a través de sus relaciones comerciales e incluso dentro de sus cadenas de suministro, se evite un impacto negativo para los derechos humanos y que la ley pueda actuar en el caso de que se violen», afirma.

La campaña de ICCR exhorta a 15 transnacionales estadounidenses a que tomen medidas en este sentido, entre ellas gigantes de la agricultura (ADM y ConAgra), minoristas (Costco, Kroger, Target y Walmart), aerolíneas (Delta, US Airways y Southwest) y cadenas hoteleras (Hyatt, Starwood y Choice).

ICCR lanzó en marzo de 2013 un código de ética para empresas de todo el mundo, en el que se pide que realicen declaraciones específicas en las que garanticen que su cadena de suministro cumple los acuerdos internacionales para la lucha contra la trata de personas. El principal de ellos es el de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 2011.

También se insta a las empresas a publicar actualizaciones regulares sobre las medidas adoptadas en este sentido, así como el análisis de sus consecuencias. «No son recomendaciones de aspiraciones, son muy prácticas basadas en gran medida en la realidad que surge sobre la marcha», señala la integrante de la junta directiva de ICCR, Lauren Compere. La ejecutiva es también directora gerente de Boston Common Asset Management, una firma de inversión social.

«Empezamos a interactuar en serio sobre la forma de aplicar los Principios Rectores, tomando nuestra experiencia práctica en los últimos 15 años de intervención en el trabajo infantil, la trata de personas, la esclavitud moderna. Estos principios ofrecen una hoja de ruta a las empresas», agrega.

«Las empresas en general siguen sin estar a la altura en la divulgación, especialmente en el sector de la hostelería. La divulgación sobre la mitigación de los riesgos en torno a la trata requiere información mucho más sistemática, estandarizada», dice Compere.

«Por el momento, la mayor parte de la información que está disponible es anecdótica, sin datos incluso sobre el porcentaje de operaciones que se han llevado a cabo. Algunas compañías están mejorando en su divulgación en general sobre los derechos humanos, pero aún no lo percibimos con respecto al tráfico de personas», precisa.

Cuando se trata de lidiar con las quejas o la mitigación de los riesgos, dice, en muchas empresas todavía no hay comprensión real del impacto que tienen las políticas empresariales.

20-30 millones

Las estimaciones sobre la magnitud del problema de la trata de personas a nivel mundial son muy difíciles. La Organización Internacional del Trabajo calcula que alrededor de 14,2 millones de personas han participado de alguna forma en trabajos forzados en 2012, y que 4,5 millones más fueron obligadas a prostituirse.

Pero otros señalan que las cifras son muy superiores, en torno a los 30 millones en todo el mundo.

El ICCR decidió promover la responsabilidad empresarial con la trata en 2006, cuando un grupo de inversores escandinavos presionó a la cadena de hoteles Marriott por denuncias sobre redes de prostitución infantil que utilizan hoteles de la compañía en Costa Rica.

Al año siguiente, Marriott estableció una nueva política para erradicar el problema y desde entonces informa anualmente a sus accionistas sobre la situación de los derechos humanos dentro del grupo.

Marriott no ha sido acusada nunca de facilitar a sabiendas estos encuentros, pero la ausencia de una política interna se consideró facilitadora de la trata de personas.

«Hoteles, moteles y demás en el sector del entretenimiento son vulnerables a la trata con fines sexuales, y vemos que si este tipo de empresas abren los ojos es posible que descubran que el delito sucede dentro de sus actividades», dice Karen Stauss, directora de programas de Free the Slaves (Liberen a los esclavos), una organización con sede en Washington.

«En la agricultura la situación es algo diferente, en todo el mundo este es un sector donde los trabajadores están muy mal remunerados, a menudo proceden de zonas rurales donde no reciben una educación sólida, incluso sobre sus derechos», manifesta.

«No hay duda de que no hay manera de resolver el problema de la trata sin que se involucren las empresas transnacionales. Tienen un enorme poder adquisitivo y por lo tanto puede ir muy abajo en la cadena de suministro», dice Stauss.

La presión de los consumidores, los grupos de defensa y la legislación nacional e internacional han tenido un gran impacto en los últimos años, y cada vez más empresas reconocen que acciones adoptadas a lo largo de sus cadenas de suministro pueden ser un riesgo perjudicial.

El trabajo forzado suele ofrecer ganancias sólo muy abajo en la cadena de suministro, con poco o ningún efecto positivo para las empresas matrices, según Stauss. «Lamentablemente, vemos continuamente que las empresas siguen utilizando el lenguaje de la 'imposibilidad', al afirmar que sus cadenas de suministro son tan extensas que no es posible resolver estos problemas», agrega.

«Es falta de visión y creatividad. La industria de la información y las comunicaciones, por ejemplo, se vio obligada a hacer frente a esa situación (por la legislación estadounidense) y ahora... el sector está haciendo cosas que hace cinco años se consideraban imposibles», destaca.

La legislación federal de Estados Unidos comienza a repercutir en algunos sectores, como el de la electrónica, pero no existen normas generales en el país que exijan a las empresas tomar medidas para asegurarse de que sus cadenas de suministro estén libres de la trata de personas.

Sin embargo, un gran precedente surgió en el estado de California, que en 2010 aprobó una ley histórica que requiere que las mayores empresas divulguen periódicamente información respecto a sus actuaciones contra la trata.

Un proyecto para establecer una ley similar de alcance nacional fracasó en el Congreso legislativo, pero Stauss anticipa que una nueva iniciativa se presentará en el primer trimestre del año, gracias

al apoyo cada vez mayor a la norma por parte de legisladores y grupos de presión.