Las resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares consisten en documentos emitidos por las administraciones fiscales, en los que se establece cómo se calculará el impuesto sobre sociedades aplicable a una empresa, y las normas fiscales que se utilizarán. Es una práctica legal a la que nadie se opone si es igual para todos.
El Parlamento Europeo ha puesto en marcha una comisión especial de Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares, compuesta por 45 eurodiputados, a raíz de las investigaciones emprendidas por la Comisión Europea sobre las resoluciones fiscales relativas a multinacionales establecidas en Luxemburgo (Fiat y Amazon), en Irlanda (Apple), y en Bélgica y en Países Bajos (Starbucks).
El 17 de diciembre de 2014, la Comisión Europea ha ampliado sus investigaciones incluyendo a todos los Estados de la Unión Europea. El Ejecutivo comunitario indica que «parece que ciertos Estados de la UE permiten que las compañías multinacionales se aprovechen de sus sistemas fiscales para reducir su carga fiscal».
El problema es que al redactar las resoluciones fiscales, las administraciones públicas disponen de un amplio margen. De forma que en algunos Estados se utilizan para aliviar la carga fiscal de ciertas empresas, permitirles pagar menos y favorecerles frente a sus competidores. Si ese trato de favor solo incumbiera a las multinacionales y no a las empresas nacionales, podría tratarse de subsidios públicos ilegales.
Ahora, la Comisión ha solicitado información a Bélgica en particular sobre ciertos fallos fiscales específicos. Por otra parte, lo ha hecho también sobre los regímenes fiscales de propiedad intelectual, las llamadas "cajas de patentes", de los diez Estados miembros que tienen un régimen de este tipo (Bélgica, Chipre, Francia, Hungría, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, España y Reino Unido).
En el contexto actual, en el que se pide reiteradamente a los ciudadanos que se ajusten el cinturón y se reduce la financiación pública de los servicios sociales para sanear los presupuestos de las Administraciones, cada vez es más importante que los grandes grupos empresariales contribuyan como es debido.
La Comisión Europea calcula que la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva de las empresas restan cada año un billón de euros a la recaudación fiscal en el conjunto de la Unión Europea.