En una sesión especial para discutir la situación en Gaza el Consejo, con sede en Ginebra, ha optado por la misma solución que empleó durante la primera guerra de Gaza: el envío de una comisión independiente e internacional para que investigue «todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos».

Ante ese primer conflicto en la zona, que se inició el 27 de diciembre de 2008 y que se prolongó durante tres semanas, el Consejo otorgó un mandato similar a una misión integrada por tres juristas de renombre, el sudafricano Richard Goldstone, como presidente, la paquistaní Hina Jilani y la británica Christine Chinkin, además del coronel Desmond Travers, un experto retirado de las fuerzas armadas irlandesas.

El informe de la Comisión Goldstone, conocido en septiembre de 2009, acusó de crímenes de guerra y de ataques deliberados a civiles tanto a Israel como a Hamas, los mismos bandos de esta tercera guerra de Gaza.

La segunda Guerra de Gaza duró apenas una semana, del 14 al 21 de noviembre de 2012, con igual coreografía, cohetes de Hamas hacia Israel, que en este caso llegaron hasta Tel Aviv, y represalias israelíes para destruir las bases de lanzamiento palestinas.

En la primera guerra murieron 1.400 palestinos, la mitad civiles, y 13 israelíes, de los cuales tres eran civiles. En el segundo conflicto cayeron 170 palestinos y no hubo informaciones de bajas israelíes.

Durante las dos semanas del conflicto actual, los muertos palestinos suman cerca de 650, de los cuales unas 150 son niños y 75 mujeres. El número de desplazados por los combates en la Franja de Gaza asciende a 140.000, según ha precisado durante la sesión especial la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay.

La intensificación de las hostilidades en la crisis actual ha acrecentado las preocupaciones de Pillay, quien advirtió al Consejo que «la cultura de la impunidad por violaciones al derecho internacional invita a más transgresiones».

A continuación Pillay pronunció la frase que ha tenido especial repercusión. «Crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad son dos de los más graves tipos de delitos que existen, y las denuncias dignas de crédito de que esos delitos han sido cometidos deben ser verdaderamente investigadas», dijo. Aunque matizó: «Hasta el momento, no lo han sido».

El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967, Makarim Wibisono, nos explicó que Pillay se refirió a la ausencia de una investigación sobre los asesinatos masivos cometidos en los inicios de las operaciones militares por parte de Israel.

El mismo Wibisomo advirtió a los dos bandos de que los ataques indiscriminados y desproporcionados contra centros de población equivalen a crímenes de guerra y los perpetradores de esos actos, como de otras violaciones a los derechos humanos, deben ser responsabilizados.

En ese contexto, «saludamos los pasos que ya han sido dados», expresó. Luego precisó que aludía a la investigación iniciada por Israel que determinó la detención de seis israelíes como presuntos responsables de haber quemado vivo el 2 de este mes al palestino Muhammed Abu Khdeir, de 16 años.

Ese episodio y la anterior aparición, el 30 de junio, de los cuerpos de tres jóvenes israelíes aparentemente asesinados, han sido considerados los detonantes de los actuales enfrentamientos.

Philippe Dam, subdirector de la oficina de Human Rights Watch en Ginebra, comenta que durante varios conflictos armados ni Israel ni las autoridades palestinas han adoptado la más mínima medida adecuada para perseguir a los violadores de las leyes de la guerra.

Dam comparte la idea de enviar la misión investigadora que informe de las violaciones cometidas por todas las partes, identifique a los responsables de delitos graves y formule recomendaciones a todos los sectores y a la ONU.

El representante de Amnistía Internacional ante la ONU en Ginebra, Peter Splinter, opina que la misión de investigación tiene que apoyarse en los análisis y las conclusiones del informe Gladstone. Esta vez, «la comunidad internacional debe respaldar plenamente las disposiciones para asegurar la rendición de cuentas y justicia para las víctimas. No se debe desperdiciar esta oportunidad como sucedió cuando las recomendaciones del informe Gladstone no se siguieron», nos dice.

Renate Bloew, la representante de la alianza ciudadana internacional Civicus ante la ONU en esta ciudad suiza, reclama una investigación imparcial de la comisión investigadora sobre todos los delitos cometidos, incluidos los crímenes de lesa humanidad.

«Por encima de todo estamos consternados por la tragedia de que el estado de Israel, que por su historia del Holocausto merece más que nadie vivir en paz y con fronteras seguras, se haya transformado de víctima en victimario», nos dijo.

El envío de la misión investigadora fue rechazado por Israel, que tiene rango de observador en el Consejo. «No tenemos necesidad de una comisión, dijo su representante», quien aseguró que Hamas es el agresor, quien comete los crímenes de guerra.

Estados Unidos, el único de los 47 miembros del Consejo que votó en contra de la resolución, demandó que Hamas cese de inmediato el lanzamiento de cohetes contra Israel y defendió el derecho del Estado israelí a defenderse.

Todos los países de América Latina miembros, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, México, Perú y Venezuela, votaron con la mayoría de las 29 naciones que aprobaron la resolución.

Los países de la Unión Europea y otros del continente que siguen la línea de Bruselas se abstuvieron, al igual que cuatro naciones africanas, Benín, Botswana, Burkina Faso y Gabón.