Los últimos «terribles» ataques sexuales se atribuyeron a las fuerzas de paz francesas presentes en República Centroafricana, aunque el portavoz de la ONU Stephane Dujarric asegura que «no estaban bajo el mando y control» del foro mundial.

«Esperamos que cualquier persona que participara en las actividades atroces que involucran a niños en República Centroafricana sea llevada ante la justicia y sea procesada», dijo a los medios de comunicación.

Paula Donovan, codirectora de AIDS-Free World, la organización que ayudó a difundir un informe sobre la situación que se mantenía oculta, nos dijo que hubo «desde confusión e ineptitud en el terreno, hasta encubrimientos en los más altos niveles de la ONU en Nueva York».

«Los Estados miembros deben someter a las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU a una comisión rigurosa, totalmente independiente, de investigación con acceso completo a los documentos y el personal», exigió. Hasta que eso ocurra, las políticas o procedimientos nuevos que se adopten fracasarán, lo mismo que sucede con las actuales, advierte Donovan.

En 2014 se registraron más de 50 casos de abuso sexual cometido por personal de la ONU, aunque el número real sería mucho mayor. La inmunidad diplomática permitiría que los culpables queden impunes y eviten las restricciones legales. La propuesta de un convenio internacional que castigue a los acusados ​​de delitos sexuales en las operaciones de la ONU en el extranjero, presentada en 2008, nunca ha llegado a nada.

Pero en el contexto de la actual campaña, llamada Código Azul, la propuesta podría retomarse, aunque se enfrentaría a los países en desarrollo que aportan la mayoría de las fuerzas en las 16 operaciones actuales de mantenimiento de la paz, con un total de 106.595 militares y 17.000 funcionarios civiles.

Los mayores contribuyentes son Bangladesh, con 9.307 efectivos, Pakistán (8.163), India (8.112), Etiopía (7.864) y Ruanda (5.575), según las últimas cifras de la ONU.

«Las cuestiones jurisdiccionales son increíblemente complejas en las operaciones de mantenimiento de la paz», responde Donovan a la pregunta sobre si un convenio internacional se ocupará de manera más efectiva de la explotación y los abusos sexuales del personal, la policía y los expertos en misiones de la ONU, que en la actualidad son protegidos por la Convención de 1946 sobre Privilegios e Inmunidades.

«Pero la verdad es sorprendente y sencilla. Ningún mecanismo nuevo, ni nuevos métodos de operación, ni políticas nuevas podrán funcionar en la práctica para prevenir o castigar a los abusadores sexuales del personal... debido a que la burocracia de la ONU responsable de implementar los cambios es completamente disfuncional», afirma.

Mavic Cabrera-Balleza, coordinadora internacional de la Red Mundial de Mujeres Constructoras de la Paz, nos dijo que la convención propuesta es necesaria. «Si no es ahora, ¿cuándo? Es hora de cerrar la brecha de la rendición de cuentas. Tengo esperanzas en este convenio y vamos a abogar por su aprobación y ratificación», señala.

«Al mismo tiempo, también somos realistas ya que tenemos los pies en la tierra. Sabemos lo que está pasando. La información que recibimos no está filtrada, a diferencia de la que reciben la sede de la ONU y las misiones de los gobiernos», asegura.

Cabrera-Balleza duda de que los países que aportan fuerzas de paz terminen por apoyar la convención, con la posible excepción de la Unión Europea y Canadá.

Sin embargo, los mayores contingentes proceden del Sur en desarrollo, precisa. «Debemos hacer lobby activo con los países que aportan grandes contingentes y demostrarles que la convención será útil, que puede servir como una guía para que los Estados miembros vigilen a sus tropas, y para la investigación y el procesamiento de aquellas que cometieron delitos», añade.

Un informe de 2008 del Comité Especial sobre Responsabilidad Penal de los Funcionarios y Expertos en Misiones de la ONU concluye que «algunas delegaciones reiteraron la opinión de que es prematuro discutir la posibilidad de negociar una convención internacional sobre el tema».

Se argumentó que era necesario entender los obstáculos reales al procesamiento, antes de emprender la negociación de la convención, según el informe. Algunas delegaciones expresaron su apoyo, en principio, a una convención que obligue a los Estados miembros a ejercer jurisdicción sobre sus ciudadanos participantes en operaciones de la ONU.

«Se observó que, si bien existían acuerdos bilaterales en el área, brindan una cobertura incompleta y por lo general no abordan la cooperación judicial entre los Estados y la ONU», explica.

Cabrera-Balleza dice que los países con grandes contingentes en las misiones de paz deben ponerse en el lugar de los países receptores. Y se preguntó si no querrían que se hiciera justicia si los delitos se cometieran contra su propio pueblo.

«También espero que esta convención incluya capacitación obligatoria sobre las resoluciones de seguridad de la ONU 1325, 1820 y demás resoluciones de apoyo a las mujeres, la paz y la seguridad. Los países que aportan contingentes deben capacitar a sus tropas» en ese sentido, recomendó.

La ONU tiene una Unidad de Conducta y Disciplina que supervisa las operaciones de mantenimiento de la paz y las misiones políticas especiales, indica. «Sin embargo, una vez conversé con un funcionario de Conducta y Disciplina en una misión de mantenimiento de la paz y le pregunté si se estaba integrando la resolución 1325 en su formación, y no tenía ni idea de lo que le estaba hablando», comentó.

La ONU tiene una política de tolerancia cero hacia la explotación y los abusos sexuales, pero sus Estados miembros no están obligados a ella. La convención traerá cierta coherencia, concluyó.