Como en la primera visita, integran la misión expertos de las Direcciones Generales de Asuntos de Interior, Fiscalidad y Unión Aduanera, Justicia y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude de la Comisión Europea (OLAF). También se ha unido a la misión un experto sobre libre circulación de trabajadores.
Los expertos van a examinar los mismos aspectos que durante la primera visita, es decir, los controles fronterizos y aduaneros, en particular el contrabando. Entre los aspectos cubiertos figura también la libre circulación de ciudadanos y trabajadores.
Comprobarán si las autoridades aduaneras de Gibraltar y de España han aplicado las recomendaciones de la Comisión y pedirán respuestas a las cuestiones pendientes tanto a España como a Gibraltar. Asimismo, evaluarán los planes de las autoridades españolas para revisar las infraestructuras en el paso fronterizo.
A continuación harán una evaluación que servirá a la Comisión para determinar si resulta necesario adoptar medidas suplementarias.
La Comisión ha llevado a cabo anteriormente misiones de investigación técnica en otros Estados miembros en respuesta a denuncias de los ciudadanos, principalmente en las fronteras interiores (Dinamarca, Suecia y Países Bajos). Las evaluaciones periódicas de las fronteras exteriores (y otros ámbitos del acervo de Schengen) las realizan los Estados miembros en colaboración con técnicos de la Comisión, en el marco del mecanismo de evaluación de Schengen.
En 2013, el Consejo y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo para revisar el sistema actual. El mecanismo revisado se coordinará por la Comisión en colaboración con los Estados miembros y las primeras visitas tendrán lugar a partir de principios de 2015.
Gibraltar tiene un estatuto único en la UE. Forma parte de la UE desde 1973 como parte del Reino Unido, en virtud del artículo 355 del TFUE y se aplica el Derecho de la Unión.
Sin embargo, su carácter de miembro es distinto al del Reino Unido, ya que en Gibraltar no se aplican cuatro ámbitos de la política de la UE, a saber unión aduanera, política comercial común, política agrícola común, política pesquera común y exigencia del IVA. Tampoco forma parte del espacio Schengen. Por lo tanto, España debe llevar a cabo controles sobre las personas y las mercancías, aunque los mismos deben respetar plenamente el Derecho de la UE y ser proporcionados.