Las autoridades arguyen que es necesaria para impedir que el país se hunda en el caos. Pero grupos de derechos humanos, partidos islamistas y otros opositores la consideran un serio revés para la libertad de expresión que se ha ganado con tanto sacrificio.

Para Jaled Alam el Din, exasesor de Mohammad Morsi, el primer presidente democráticamente elegido en el país que fue derrocado por el golpe militar del 3 de julio, «Esta ley excitará la furia de muchos revolucionarios y grupos de trabajadores que se hacen oír en protestas sociales pacíficas».

Para los partidarios de Morsi, el proyecto es un intento del comandante de las Fuerzas Armadas, Abdel Fatah al Sisi, de silenciar las voces que condenan el golpe.

«Al Sisi quiere aprobar esta ley para restringir la libertad de expresión y amordazar a sus oponentes», nos dice El Din. «La elite política egipcia y los medios privados están completamente callados. Nadie se anima a criticar estas políticas dictatoriales», señala.

«Una ley represiva de estas características terminará por explotarle en el rostro a todos los involucrados en su aprobación. Si esta situación continúa, será el último clavo en el ataúd de la revolución de 2011, uno de cuyos mayores logros fue (consolidar) la libertad de expresión», añade.

Otros hacen notar la ironía de una ley así en la actual coyuntura de Egipto.

«¿Se han olvidado (las autoridades) de que llegaron al poder gracias a las manifestaciones?», pregunta Amr Bakly, activista por los derechos humanos.

Semanas de protestas masivas provocaron el derrocamiento en 2011 del presidente Hosni Mubarak, quien había estado en el poder durante casi 30 años.

El golpe contra Morsi, líder de la Hermandad Musulmana, que jugó un papel clave en la revolución, también se llevó a cabo en medio de grandes protestas. «¿Las manifestaciones son legales cuando las hacen partidarios de Al Sisi y un delito cuando las realizan sus oponentes? Es una vergüenza», añade Bakly.

Un conjunto de 17 organizaciones nacionales defensoras de los derechos humanos señalan que esta «ley antiprotesta» es un «permiso para matar manifestantes y oponentes del régimen militar».

Conformada por 21 artículos, la ley establece que se debe solicitar la autorización del Ministerio del Interior cinco días antes de realizar cualquier protesta, y faculta a las autoridades policiales a cancelar, posponer o reubicar una movilización, así como prohibir cualquier sentada.

Los manifestantes tendrán prohibido reunirse en determinadas áreas, superar la duración permitida de la protesta, poner en riesgo al público, bloquear carreteras y entorpecer el tráfico.

El proyecto también obliga a mantener una distancia mínima de 50 metros entre la protesta y ciertas instalaciones. Si resulta sancionado, «la gente puede ir a prisión y ser acusada de traición si lleva el caso a tribunales internacionales», advierte Bakly.

Pero el texto también recibe duras críticas dentro del gobierno, por ejemplo del viceprimer ministro Ziad Bahaa el Din. Activistas por los derechos humanos recuerdan que el gobierno de Morsi había intentado adoptar una ley similar.

Pero «la ley de Al Sisi es peor que la de Morsi. Ambos procuraban blindarse. Los militares quieren crear un estado policial, mientras que la Hermandad apuntaba a una dictadura religiosa», dice Bakly.

Sin embargo, algunos políticos e intelectuales opinan que la ley podría ayudar a regular la protesta y daría estabilidad y seguridad al país.

Desde que el ejército derrocó a Morsi, miles de sus partidarios protestan en todo el país. Muchos murieron o resultaron heridos. El último incidente ocurrió el 6 de octubre, cuando 60 personas fallecieron en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y simpatizantes de la Hermandad Musulmana.

«Los críticos de la ley quieren que el país se hunda en el caos», dice el periodista Soliman Gouda. «El Estado tiene que controlar a los forajidos y a los criminales que perturban la vida pública con manifestaciones».

«Las protestas de la Hermandad privaron a los egipcios de democracia, sobre todo cuando los manifestantes pro-Morsi recurrieron a los disturbios, a la violencia y a los ataques contra empresas públicas y privadas», señala Gouda, ex editor en jefe del diario Al Wafd. «Fijar reglas para las manifestaciones no significa restringir la libertad. Esta interpretación es completamente engañosa».

Por su parte, Esraa Abdel Fatah, popular activista de Internet, cree que «aprobar una ley para regular las protestas es necesario porque los partidarios del anterior gobierno comenzaron a usar armas y cuchillos en enfrentamientos con ciudadanos pacíficos, causando decenas de muertes».

«La ley no afectará las libertades públicas si se formula de acuerdo con las convenciones internacionales y bajo la supervisión de un comité especializado de miembros designados por el parlamento», nos dijo.

«Pero si ata la mano de la gente y le impide expresar sus opiniones, no hay duda de que pondrá fin al proceso de búsqueda de las libertades», alerta.