Desde que Viktor Orbán es primer ministro de Hungría, no ha parado de aumentar su lista de agravios hacia la inmigración, la población o el Estado de derecho. La paciencia de la Eurocámara y de la Comisión Europea terminó cuando abrió la posibilidad de volver a instaurar la pena de muerte. El Parlamento Europeo reunido hoy en sesión plenaria ha debatido por quinta vez sobre la deriva antidemocrática del país en presencia del mandatario.
La Eurocámara ha vuelto a enviar un mensaje claro a Orbán: la reinstauración de la pena capital en un Estado miembro no tiene cabida entre los derechos fundamentales y valores de la Unión Europea. Es más, si la aplicara, el vicepresidente primero Frans Timmermans ya ha avisado de que al Ejecutivo comunitario «no le temblaría la mano» en activar el Artículo 7 del Tratado de la UE, que establece la posibilidad de privar a Hungría de sus derecho de veto en el Consejo o de emprender sanciones.
Sin embargo, el mandatario húngaro se ha mantenido firme y ha defendido la discusión sobre la pena de muerte, aunque no signifique instaurarla. «Tenemos que poder hablar sobre la pena capital. Si se producen cambios, estarán en línea con la legislación europea. No son normas marcadas por la Biblia, son leyes hechas por hombres que también pueden ser cambiadas por los hombres», ha esgrimido.
Según Orbán, se debe poder hablar «de un castigo proporcional al delito que se ha cometido» para «salvar a los inocentes». Sobre esta afirmación, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, le ha recordado: «no matarás», en alusión al quinto mandamiento. No ha sido la única referencia religiosa del debate, donde Orbán ha querido indicar el origen cristiano del país como argumento contra la inmigración. «La única diferencia entre una ceremonia religiosa y lo que ha ocurrido hoy aquí es que la ceremonia religiosa tiene sentido», ha ironizado el primer ministro.
En este sentido, también ha defendido la soberanía de Budapest para realizar una consulta sobre la inmigración al margen de la opinión de Bruselas. El gobierno de Orbán quiere preguntar a la ciudadanía sobre la supuesta vinculación entre terrorismo e inmigración. Al argumentarlo, el primer ministro ha aprovechado para cargar contra el sistema de cuotas planteado por la Comisión Europea, que ha calificado de «locura» y ha dicho que tendrá «un efecto llamada». «El sistema me parece un error político. Ya conocemos la propuesta y puede ser muy grave para nuestro continente», ha afirmado.
Orbán, que ha intervenido en la Eurocámara por propia iniciativa tras conocer que el Pleno debatiría sobre su país, ha recibido todo el apoyo de su familia política en el Parlamento, el Partido Popular Europeo. Su presidente, el alemán Manfred Weber, ha defendido la consulta pública como un ejercicio democrático «positivo». El español Esteban González Pons también ha salido en su defensa, y ha lamentado «la estigmatización de un estado miembro por razones políticas». Muy diferente ha sido el tono del líder de los socialdemócratas, Gianni Pittella, quien ha dicho que Orbán ha «superado el límite de la decencia».
A finales del mes pasado, Orbán, del partido conservador Fidesz, aseguró que el país debía «mantener la pena de muerte en la agenda». Las declaraciones las pronunció pocos días después del asesinato de una joven que conmocionó el país. No es la primera vez que Orbán muestra su intención de reinstaurar la pena de muerte, también lo anunció en 2002, cuando los sondeos le daban como perdedor de las elecciones. Y ahora, vuelve a reafirmarse cuando las encuestas de opinión dan un 18% de intención de voto al partido de ultraderecha Jobbik. El presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker ya alertó que si Orbán persiste en su idea, habrá una «lucha».
