Aprobado por 480 votos a favor y 150 votos en contra, la nueva legislación abre la posibilidad de que los Estados puedan prohibir determinados transgénicos. La propuesta, presentada en 2010, había sido aprobada en diciembre de manera informal entre el Consejo y la Eurocámara. Tras cuatro año de bloqueo por los desacuerdos entre pro y anti OGM, la normativa sale a la luz y entrará en vigor en la próxima primavera.

Según Frédérique Ries, ponente de la legislación, la discusión encarnizada y el bloqueo durante cuatro años demuestra que «el debate está lejos de finalizar». Así, con la votación de hoy, los Estados miembros podrán prohibir transgénicos por motivos de política medioambiental, una novedad que se añade a las razones de riesgos para la salud o el medioambiente, citadas por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Los Estados miembros podrán a partir de ahora alegar causas como la ordenación urbanística y territorial, el impacto socioeconómico o evitar la presencia de OGM en productos, así como motivaciones de política agrícola. Las restricciones también se podrán imponer a determinados OGM por grupos o tipos de cultivo.

En este sentido, las compañías de cultivo de transgénicos pueden consentir estas restricciones en su licencia de comercialización antes de que el Estado miembro adopte tales medidas. Sin embargo, los países pueden imponer una prohibición de forma unilateral aunque la compañía no esté de acuerdo.

En caso de que un Estado apruebe un determinado transgénico, éstos deben garantizar que los cultivos no contaminen otros productos y prestar especial atención para prevenir la contaminación transfronteriza con los países vecinos. Actualmente el único transgénico que se cultiva en Europa es el maíz MON810, de la compañía norteamericana Monsanto. La patata Amflora, fue prohibida por el Tribunal General de la UE en 2013, tras su aprobación por la Comisión Europea.

Una legislación controvertida

El nuevo acuerdo votado hoy ha provocado varias reacciones entre asociaciones ecologistas y del sector agrícola como Amigos de la Tierra y COAG que consideran que la decisión de hoy «repercutirá negativamente en el sector agrícola español, con la entrada masiva de cultivos transgénicos».

Según lamentan los grupos ecologistas, España es el país con más superficie de cultivos transgénicos en la Unión Europea y aseguran que con la nueva legislación el Estado podrá abrir la puerta a muchas más variedades de OGM. Asimismo, critican que con la nueva normativa, «se corre el peligro de crear una Europa a dos velocidades»: Con aquellos Estados más sensible medioambientalmente y más preocupados por la sostenibilidad que prohibirán los transgénicos; frente aquellos que darán vía libre a la entrada de nuevas variedades transgénicas.