«El ataque sistemático generalizado contra estas libertades fundamentales de la sociedad civil toma muchas formas, incluidas la agresión, la tortura, el secuestro y el asesinato», señala el Informe de Observación de la Sociedad Civil, de Civicus, una alianza internacional con sede en Sudáfrica dedicada a fortalecer la acción ciudadana en el mundo.
Las dos regiones de «mayor preocupación» son África subsahariana, Oriente Medio y el norte de África, que acumulan más de la mitad de los países contabilizados por la investigación, publicada este mes. Este retroceso va en aumento no solo en países percibidos como democráticos, sino también en aquellos con regímenes represores.
«Sabemos desde hace tiempo que la invasión del espacio cívico y la persecución de los activistas pacíficos van en aumento, pero es más generalizada de lo que muchos piensan», asegura Dhananjayan Sriskandarajah, secretario general de Civicus.
«Nuestro monitoreo en 2014 muestra que las actividades legítimas de la sociedad civil están... bajo amenaza en un gran número de países del Norte y el Sur global, democráticos y autoritarios, en todos los continentes», añade.
Según Civicus, los activistas dedicados a lograr cambios políticos y a exponer la corrupción y la violación de derechos humanos siguen siendo perseguidos, así como los defensores de poblaciones locales frente a la apropiación de sus tierras y la degradación ambiental y quienes defienden los derechos de los grupos minoritarios.
«El vínculo entre las prácticas comerciales poco éticas y la clausura del espacio cívico es cada vez más claro a medida que aumenta la desigualdad mundial y la captura de poder y de recursos por parte de un puñado de élites políticas y económicas», señala el informe. El activismo a favor de los derechos de los trabajadores y el reparto equitativo de los recursos naturales está cada vez más lleno de peligros, advierte.
Entre los ejemplos mencionados se encuentran los asesinatos de defensores del medio ambiente en Brasil, la intimidación a organizaciones que desafían la hegemonía económica en India y la detención arbitraria de activistas contrarios a la prospección petrolera en República Democrática del Congo.
Cuando se le pidió que identificara a algunos de los peores Estados, Mandeep Tiwana, director de Política e Investigación de Civicus, respondió que la organización no tiene «un ranking de infracciones», aunque distinguió entre «países completamente cerrados» e «infractores activos de las libertades cívicas».
Tiwana explica que los «países cerrados» son aquellos donde prácticamente no se pueden realizar actividades cívicas debido al entorno sumamente represivo, como sucede en Corea del Norte, Eritrea, Siria, Turkmenistán y Uzbekistán.
Los países que son «infractores activos de las libertades cívicas» encarcelan, intimidan y atacan a los miembros de organizaciones de la sociedad civil y aplican todo tipo de regulaciones para limitar sus actividades, en particular de quienes trabajan para exponer la corrupción y las violaciones de derechos humanos, distinguió. En este segundo grupo se encuentran Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bahréin, Bielorrusia, China, Cuba, Egipto, Etiopía, Irán y Vietnam.
El informe también señala algunas de las tácticas empleadas para limitar el espacio cívico, como las leyes restrictivas y la persecución de organizaciones específicas mediante el allanamiento de sus oficinas o la congelación de sus cuentas bancarias. Varios países democráticos también vigilan ilegalmente a los activistas, lo que debilita aún más el respeto de los derechos humanos.
La estigmatización y la demonización de los activistas por parte de poderosas figuras políticas y elementos de extrema derecha sigue siendo un motivo de preocupación, según Civicus. «Cuando más de la mitad de los países del mundo violan los derechos democráticos más básicos del ciudadano, entonces deben comenzar a sonar las alarmas para la comunidad internacional y los gobernantes en todas partes», manifiesta Sriskandarajah.
Tiwana nos dice que los gobiernos de Arabia Saudita, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Omán han redoblado sus esfuerzos para impedir las manifestaciones públicas y las actividades de las organizaciones de derechos humanos. «No parece haber tregua en la censura oficial y la represión de los ciudadanos activos en Estados autoritarios como China, Cuba, Irán, Corea del Norte y Vietnam», subraya.
En África subsahariana la represión de las libertades cívicas se habría intensificado en Angola, Burundi, Etiopía, Gambia, Ruanda, Sudán, Swazilandia y Zimbabwe, añade. Y los activistas y grupos de la sociedad civil en muchos países de Asia central y Europa oriental, donde la democracia sigue siendo frágil o inexistente (como en Azerbaiyán, Bielorrusia, Hungría, Kirguistán, Rusia, Turquía, Uzbekistán y Turkmenistán), también padecen la reacción oficial que pretende aplastar sus demandas de reforma política.
En el sudeste de Asia, Tiwana indica que países como Camboya y Malasia tienen un historial de gobiernos represores. En Tailandia, donde los militares tomaron el poder mediante un golpe de Estado en mayo de 2014, se siguen aplicando medidas de «seguridad» para restringir las libertades cívicas.
Cuando se le pregunta qué papel puede desempeñar la ONU en este contexto, Tiwana dice que el Consejo de Derechos Humanos se ha transformado en un foro internacional clave para la protección de las libertades cívicas, en particular mediante el proceso del Examen Periódico Universal, que cada cuatro años analiza la situación de derechos humanos de los países.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos está recopilando las mejores prácticas de los distintos países para crear un entorno seguro y propicio para la sociedad civil.
El comisionado Zeid Raad Al Hussein es un activo defensor de la capacidad de la sociedad civil para actuar libremente, como lo fue su antecesora, Navi Pillay, una ardiente defensora de las libertades cívicas, dice Tiwana.
