Lula fue sometido a la llamada 'conducción coercitiva' e interrogado durante tres horas sobre una supuesta riqueza indebida, que habría recibido de empresas constructoras acusadas de pagar sobornos a políticos y miembros del gobierno, a cambio de millonarios contratos con la compañía estatal petrolera Petrobras.

Fue una coerción innecesaria, que solo se explica por objetivos mediáticos, según Lula, porque él ya atendió voluntariamente a las convocatorias para aclarar las acusaciones de que las constructoras pagaron obras en una finca que frecuenta con su familia, propiedad de un amigo, y en un apartamento que no llegó a adquirir.

«Me sentí encarcelado», dijo el expresidente (2003), al terminar el procedimiento y reunirse de inmediato con militantes del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

Allí anunció que reaccionará a la «persecución» que le hacen el Ministerio Público Federal (fiscalía general), la Policía Federal y medios de comunicación, recorriendo el país y movilizando a sus «compañeros».

La oposición ha convocado para el 13 de marzo protestas en todo el país contra el gobierno y por la inhabilitación o la renuncia de la presidenta Rousseff, su sucesora y también del PT, repitiendo las manifestaciones de marzo y agosto del año pasado, que reunieron a centenares de miles de personas.

La política brasileña, dominada por los órganos judiciales y represivos en la llamada Operación Lava-jato (autolavado), que investiga la corrupción en negocios petroleros, vuelve así a los foros usuales y a las calles. La crisis entra en su apogeo, al alcanzar a los blancos principales de la Operación, Lula y la actual presidenta.

El jueves 3 se hicieron públicas las denuncias del senador Delcidio Amaral, exlider del gobierno en el Senado, que vinculan a Lula y Rousseff con irregularidades y actos de corrupción que son investigados desde marzo de 2014, según publicaba la revista “Isto é”.

Amaral decidió recurrir a la «delación premiada», o colaboración en canje por la reducción de pena, después de haber sido detenido, en noviembre pasado, por el intento de promover la fuga al exterior de un exdirector de Petrobras que fue un elemento clave en la red de corrupción. Sus revelaciones podrán decidir la salida de la presidencia de Rousseff, ya que hasta ser detenido participó en importantes negociaciones con el gobierno.

El proceso de inhabilitación de la mandataria, ya abierto en la Cámara de Diputados, ganó fuerza también porque una de las constructoras admitió haber pagado ilegalmente deudas de la primera campaña electoral de Rousseff, en 2010.

La confirmación de que el producto interior bruto de Brasil cayó un 3,8 por ciento en 2015, con tendencia a repetir esa tasa negativa este año, agrava la situación crítica en que se encuentra el gobierno.

Un enjuiciamiento de Lula le representaría otro golpe demoledor a Rousseff. La fiscalía sostiene que hay indicios de que Lula y su familia se beneficiaron del dinero desviado por las constructoras de proyectos de Petrobras, que ya tienen dirigentes presos.

En total cerca de 30 millones de reales (cerca de ocho millones de dólares) habrían sido destinados al Instituto Lula, creado para organizar las actividades nacionales e internacionales del expresidente, al pago de sus charlas y a las obras en la finca y el departamento. Ninguna de esas propiedades es suya, arguyó Lula.

Brasil vive un «régimen de excepción y arbitrio», compuesto de «investigaciones selectivas, trascendidos ilegales y atropellos de garantías individuales», afirmaba el Partido de los Trabajadores en un comunicado sobre el interrogatorio a Lula.

La 'conducción coercitiva' fue criticada por diferentes juristas, e incluso por el juez de la Corte Suprema Marco Aurelio de Mello. Fue un «acto de fuerza» que genera «inseguridad jurídica a todos los ciudadanos» al atropellar reglas, dijo públicamente. «Mañana construyen un paredón en la Plaza de los Tres Poderes», ironizó, refiriéndose a la plaza donde se concentran las sedes del gobierno, del parlamento y de la Justicia en Brasilia.

Mello fue uno de los disidentes en recientes decisiones del Tribunal Supremo Federal (STF), como la que permite la prisión de condenados en segunda instancia, negando el texto de la Constitución que asegura libertad hasta recursos en tribunales superiores.

Otro fallo rompe el derecho al sigilo bancario, al autorizar el acceso del servicio de recaudación impositiva a datos bancarios. Las libertades fundamentales han sufrido un retroceso en Brasil, lamentó el juez.

En realidad el país vive un clima de 'caza de brujas' desde que estalló el escándalo de Petrobras, que involucra miles de millones de dólares y a casi dos centenares de empresarios y políticos. La corrupción y la impunidad, llagas tradicionales, justifican la represión a toda costa.

La fiscalía y la Policía Federal se han convertido en los principales protagonistas de la vida nacional desde el inicio del año pasado, cuando empezaron a difundirse testimonios de los 'delatores premiados'. La llamada 'espectacularización' de los procesos judiciales ha pasado a dictar la marcha de la política nacional y en cierta medida de la economía.

El mercado bursátil y cambiario reflejan las tendencias. Siempre que nuevas revelaciones debilitan a la presidenta, ocurren alzas inmediatas de las acciones y de la moneda nacional, indicando un rechazo del mercado al gobierno.

Con las sucesivas acciones de la Operación Lava-jato, que ya está en su vigésimo cuarta fase requisando documentos de los inmuebles ocupados por Lula, sus tres hijos y varios amigos, el gobierno queda paralizado en sus actuaciones.

La incertidumbre ha hecho caer en un 14,1 por ciento las inversiones el año pasado, hecho que permite prever una recesión prolongada en Brasil 'tendiendo a la depresión', según los economistas.

Después de la reacción de Lula, disponiéndose a la lucha política callejera, y el grado de tensión extremo que han generado las últimas acciones de los órganos represivos y las delaciones, es posible que la crisis haya entrado en el apogeo, que antecede a una solución, democrática o no. IPS