El aislamiento de la presidenta parece terminal desde que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) decidió dejar la coalición oficial, en una reunión de su dirección nacional el 29 de marzo.

Se trata de la mayor agrupación parlamentaria, que preside las dos cámaras legislatuvas, con 68 diputados en un total de 513 y 18 de los 81 senadores. El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) tiene solo 58 diputados y 11 senadores.

La dificultad será conseguir una mayoría de dos tercios, es decir 342 diputados, exigida por la Constitución para aprobar el juicio político de Rousseff. Un cálculo engañoso hace la cuenta al revés, atribuyendo a la presidenta la necesidad de obtener 172 votos, es decir más de un tercio del total, para rechazar la amenaza.

Pero ausencias y abstenciones cuentan a favor de su supervivencia en el poder y será posiblemente la actitud que adoptarán muchos que defienden a la presidenta pero temen desafiar a la opinión pública. En la última encuesta hecha por el Instituto Datafolha, el 68 por ciento quiere la inhabilitación.

Un parlamento fragmentado en 25 partidos dificulta la movilización de una mayoría de dos tercios. «Es imposible», sostuvo Ibsen Pinheiro, un diputado del PMDB, en entrevista al diario O Estado de São Paulo, arguyendo que no hay un consenso nacional para la destitución de Rousseff.

Pinheiro se considerado un especialista porque en 1992 presidió la Cámara de Diputados que aprobó el proceso que inhabilitó al expresidente Fernando Collor, acusado de corrupción. En ese caso, el único 'impeachment' que ha tenido lugar en Brasil, hubo «un sentimiento de unanimidad» que no identifica ahora en la población.

Actualmente, ni siquiera el PMDB garantiza su unidad para destituir a la presidenta. Seis ministros del partido decidieron permanecer en sus cargos, ignorando la ruptura con el gobierno.

«En el medio en que vivo, hay un pensamiento común en contra del gobierno, pero no en relación al impeachment, que divide las opiniones», evaluó el abogado Haneri Blumenschein, de 43 años, que reside en un barrio céntrico de São Paulo, cerca de la Avenida Paulista, un símbolo de la oposición a Rousseff y al PT.

«Hay dudas sobre si es la solución para el país» sacar a la presidenta, explicó el abogado, que ha participado en las protestas opositoras, aunque lamenta tener la compañía de sectores de extrema derecha que piden la intervención de los militares como ocurrió en 1964, cuando se instaló en Brasil una dictadura que duró hasta 1985.

La movilización de varios sectores en los últimos días apunta a una sorprendente reacción del gobierno, hasta ahora arrinconado por denuncias de corrupción, investigaciones de la policía y un noticiero negativo en los grandes medios de comunicación.

Manifestaciones en todas las grandes ciudades brasileñas en este 31 de marzo, encabezadas por centrales sindicales y movimientos sociales, reafirmaron que el gobierno del PT aún cuenta con una importante base social de apoyo, aunque con cifras muy inferiores a las protestas opositoras.

Pero en la guerrilla por la supervivencia, el gobierno ha obtenido respaldos variados. Un grupo de actores e intelectuales famosos visitó a la presidenta este 31 de marzo para manifestarle su apoyo.

Una condena a la corrupción, pero reclamando que se combata a todos los corruptos, no solo a los 'rojos', y condenando como 'golpismo' la campaña para destituir a la presidenta, integran un video y un manifesto del Colectivo Democracia Corinthiana, de aficionados del equipo más popular de fútbol de São Paulo, el Corinthians.

El actor Wagner Moura, conocido por filmes, telenovelas y la serie 'Narcos' de Netflix, publicó en la víspera en el diario Folha de São Paulo un artículo con contenido similar.

'Por la democracia', contra la corrupción pero también contra el impeachment se manifestó también la Articulación del Semiárido, un movimiento de cerca de 3.000 organizaciones de la sociedad civil que está transformando la vida de millones de familias del Nordeste brasileño, afectadas por sequías intermitentes.

'No habrá golpe', es la consigna oficialista que insiste en el argumento de que no hay un delito claro, una base jurídica para justificar la inhabilitación de Rousseff. La acusación en el proceso que tramita en la Cámara de Diputados es que el gobierno cometió fraudes fiscales, disfrazando déficit con créditos de bancos estatales.

No es un 'delito de responsabilidad', previsto en la Constitución para descalificar a un presidente, arguyen portavoces del gobierno, como el ministro de Hacienda, Nelson Barbosa.

Pero la Constitución es genérica al apuntar los delitos por los que se puede ibhabilitar al presidente de la República. Es cuando violan el 'libre ejercicio' de otros poderes, la seguridad interna del país o la probidad administrativa, por ejemplo. A la presidenta se la puede acusar de haber violado la Ley Presupuestaria.

De todos modos es el punto débil que el gobierno eligió como blanco para invalidar el juicio, que es más político que judicial. Si la Cámara de Diputados lo aprueba, Rousseff dejaría la jefatura del gobierno, mientras el Senado juzga la petición de su inhabilitación, por el plazo de hasta 180 días.

La confrontación entre los pro y contra el gobierno petista parece tender a la radicalización y violencia. Actos aislados como personas agredidas en las calles de São Paulo por el simple hecho de usar vestimenta roja, color del PT, o el verde y amarillo adoptado por opositores, anunciaban sangre.

Celebridades conocidas por apoyar al PT, como el cantautor Chico Buarque, han sufrido hostilidades en locales públicos, como restaurantes. Pero sorprende hasta ahora la forma pacífica en que se desenvuelven las frecuentes protestas, sin casos graves de vandalismo o disturbios. Además las manifestaciones de ambos lados no obedecen a un comando u objetivos únicos y contemplan una amplia participación crítica.

Mientras defensores del impeachment abuchearon líderes de partidos opositores, expulsándolos de sus protestas, entre sus antípodas muchos se dijeron movilizados por la 'defensa de la democracia, no del gobierno' y menos aún de la corrupción.

«No soy del PT, le tengo incluso críticas graves, pero está en juego algo mucho más importante», dice Beatriz Bissio, profesora de Política Internacional en la Universidad Federal de Río de Janeiro.

«Hay antecedentes de atentados similares contra la democracia, como la destitución del expresidente Fernando Lugo en Paraguay y del exgobernador del estado brasileño de Maranhão, Jackson Lago», destituido en 2012 por la Justicia Electoral por presión de la oligarquía local, sin contar con la defensa del PT, nos recuerda.

Un estudio de la Fundación Getulio Vargas, de Río de Janeiro, identifica un ablandamiento de la polarización entre la oposición y defensores del gobierno, al evaluar los mensajes de las redes sociales usadas para convocar a manifestantes.

Entre las protestas de marzo de 2015 y las de este año se vienen reduciendo los mensajes de quienes se definían como favorables o contrarios al gobierno, pasando a dominar los 'independientes', no alineados a los partidos sino rechazando los políticos y el sistema electoral que fomentó la corrupción.

Eso tendería a diluir las confrontaciones partidistas. Pero también a promover nuevos actores supuestamente no políticos, como el juez Sergio Moro que coordina la investigación sobre la mayor red de corrupción, que involucra políticos y empresarios de la construcción en la desviación de recursos del consorcio petrolero estatal Petrobras. (IPS)