El tratado tiene como objetivo declarado eliminar las barreras comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea (suprimir aranceles, normativa innecesaria, restricciones a la inversión, etc.) y simplificar la compraventa de bienes y servicios entre estos dos espacios.
Sin embargo, el objetivo de generar la mayor zona de libre comercio del mundo genera sombras inquietantes, pues el tratado puede provocar efectos muy negativos en los derechos sociales, a causa de las profundas divergencias de las legislaciones de Estados Unidos y de la Unión Europea, que proceden de culturas jurídicas muy distintas.
Todo ello puede causar el enriquecimiento empresarial a costa del abaratamiento de la mano de obra y la consiguiente desprotección de los derechos laborales, bajo el falso alegato de ser más competitivos en el mercado exterior. También puede afectar al diseño de los servicios públicos y de las prestaciones sociales.
Por otro lado, en materia medio ambiental está provocando bastante preocupación debido a la diferente regulación agroalimentaria europea y estadounidense. Y nos parece alarmante que se apruebe un nuevo marco jurídico de semejantes dimensiones sin la participación y opinión de la ciudadanía, ni la posibilidad de que las cláusulas del tratado puedan ser modificadas posteriormente por los distintos estados. Todo ello resulta especialmente grave si consideramos que el TTIP puede limitar de manera muy sensible la capacidad legislativa de los estados.
Además, desde Jueces para la Democracia rechazamos la iniciativa de crear un tribunal especial en materia de arbitraje internacional que sustituiría parte de las competencias asignadas a los órganos judiciales nacionales y europeos. Dicho tribunal especial asumiría competencias en materia civil, laboral, administrativa y fiscal, entre otras materias. Dicha medida representa una usurpación de las funciones judiciales estatales, caracterizadas por su independencia e imparcialidad, para adjudicarlas a un organismo vinculado a las grandes corporaciones económicas y a los gobiernos más importantes del mundo.
La naturaleza de este tribunal especial puede incidir de manera muy negativa en los derechos laborales, en los derechos de los/as consumidores/as y en las normas de protección del medio ambiente. Desde Jueces para la Democracia consideramos que los conflictos jurídicos que puedan surgir en la aplicación de este tratado pueden ser resueltos de manera efectiva por los órganos judiciales nacionales y europeos.
No existe ninguna necesidad de crear un tribunal especial de esta naturaleza, a no ser que se pretenda proteger relaciones económicas privilegiadas. Tampoco resulta admisible que la protección jurídica a los inversores llegue al extremo de que puedan reclamar ante un Estado y que dicha pretensión sea resuelta por un tribunal arbitral al margen del organigrama judicial estatal y europeo. Y recordamos que se pretende que las decisiones de estos organismos tengan carácter vinculante, lo cual puede provocar graves perjuicios a la sociedad, sin posibilidad de respuesta efectiva.
Además, como señala la mayor organización judicial alemana, DRB, resulta más que dudosa la competencia de la Unión Europea para constituir un tribunal especial de inversiones internacionales al margen de los órganos judiciales ordinarios. Compartimos plenamente la visión crítica global de la judicatura alemana ante el tratado. Y también valoramos que no es un buen camino crear tribunales especiales que solo son accesibles a ciertos grupos de litigantes para que tengan un trato diferenciado.
Desde Jueces para la Democracia valoramos que las referidas pérdidas de soberanía no se encuentran justificadas y que obedecen a razones económicas que no resultan acordes con el interés general. Rechazamos la vulneración de principios básicos del Estado de Derecho que se puede producir con el tratado. Y expresamos nuestra voluntad de iniciar acciones con otras organizaciones judiciales europeas para mostrar nuestra oposición al TTIP.
