La situación económica, los recortes sociales y la precariedad laboral están perjudicando especialmente a las mujeres, sin que los poderes públicos hayan adoptado medidas serias y útiles contra esta creciente desigualdad. Además, la enorme entidad de la brecha salarial continúa evidenciando que los ingresos inferiores de las mujeres las sitúan en posiciones de inferioridad en la sociedad. La violencia contra las mujeres, en los diferentes ámbitos en que se produce, por el mero hecho de ser mujeres, profundiza la discriminación estructural.

También la presencia de las mujeres continúa siendo minoritaria en los espacios institucionales, así como en la dirección de empresas públicas y privadas. En el ámbito de la judicatura resulta especialmente criticable que, a pesar de que ya existe en la profesión una mayoría de juezas, los cargos más relevantes en los distintos tribunales y en la cúpula judicial siguen siendo ocupados de forma muy mayoritaria por hombres.

Resulta igualmente criticable la actuación del Consejo General del Poder Judicial en materia de nombramientos, al no adoptar medidas de acción positiva para evitar esta discriminación. Además, el menor número de solicitudes de magistradas para ocupar estos cargos nos demuestra la persistencia del techo de cristal, que resulta muy condicionada por la insuficiencia de la regulación normativa en materia de conciliación de la vida personal y profesional. Pese a que el 52% de la carrera judicial son mujeres – porcentaje que se eleva al 62,5% en el tramo de edad inferior a los 51 años – en la cúpula del Poder Judicial, donde hay 82 magistrados/as (sin contar a los eméritos, todos hombres), el porcentaje de mujeres es del 13.6 %. Las mujeres ocupan una de las 17 presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia, presiden 8 de 46 Audiencias Provinciales y no dirigen ninguna Sala del Supremo ni de la Audiencia Nacional.

Por otro lado, en el ámbito privado también nos encontramos ante espacios de clara desigualdad, como lo demuestran todos los indicadores en materia de reducciones de jornada y excedencias por cuidados familiares, que son solicitadas por una gran mayoría de mujeres. Y lo mismo cabe decir del tiempo dedicado a las tareas domésticas. Además, la difícil gestión de los desequilibrios sociales provocados por la situación económica ha recaído especialmente sobre las mujeres, al ser quienes asumen habitualmente la mayor parte de las cargas familiares.

Resulta enormemente preocupante que el empeoramiento de las condiciones sociales de las mujeres ha provocado un incremento de las situaciones de dependencia económica, que ha agravado los problemas de los delitos vinculados a la violencia de género. Ello ha ido acompañado de dificultades correlativas de las víctimas para romper los lazos con los agresores a causa de dependencias de distinto tipo. Por otro lado, la indefensión de las mujeres en estos casos se ha incrementado ante los recortes de las partidas de prevención de estos delitos y de las referentes a la protección social a víctimas de malos tratos.

En este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, desde Jueces para la Democracia hacemos un llamamiento a identificar patrones sexistas, para apartarlos de la vida privada y de la vida pública, con la finalidad de acabar con las estructuras patriarcales que siguen provocando discriminación. Reclamamos una democracia en la que estén más presentes los valores del feminismo en su lucha contra la desigualdad. Y seguimos defendiendo con firmeza que se produzcan las transformaciones necesarias que nos conduzcan a la igualdad real.