El pasado 26 de marzo, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial eligió, con el voto favorable de 16 de sus 21 miembros, a Fernando de Rosa Torner como Presidente de la Audiencia Provincial de Valencia.
El Pleno le designó con casi las tres cuartas partes de los votos entre cinco candidatos -cuatro magistrados y una magistrada, todos ellos destinados en la Audiencia Provincial de Valencia-. Los otros cuatro candidatos, como puede comprobarse en la página web del CGPJ, tienen una larga trayectoria profesional, currículos extensos, vinculados en toda su actividad profesional al ejercicio de la jurisdicción. Todos ellos presentaban programas de actuación que revelaban su conocimiento del órgano a cuya presidencia aspiraban.
Fernando de Rosa era, de entre los candidatos al puesto, el de menor tiempo de desempeño de funciones jurisdiccionales y llevaba un sólo año como Magistrado de la Audiencia.
Entre 2003 y 2008 desempeñó los cargos de Secretario Autonómico de Justicia e Interior y Conseller de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana.
Entre 2008 y 2013 ocupó el cargo de Vicepresidente del CGPJ, habiendo ocupado la Presidencia del Órgano de manera provisional durante tres semanas en 2012.
Actualmente, como de todos es sabido, son varias las causas penales que se siguen en los Juzgados y Tribunales de la Provincia de Valencia y de la Comunidad Valenciana en las que se investigan o, incluso, están en trance de ser enjuiciadas, personas que desempeñaron cargos de responsabilidad en diversas instancias del poder autonómico y municipal, lo que incluye a personas que ocuparon cargo de Conseller y a quien fue Presidente de la Generalitat Valenciana durante el tiempo en el que Fernando de Rosa ocupó los cargos de responsabilidad política y/o institucional.
Fernando de Rosa, en su trayectoria no jurisdiccional, cuestionó públicamente investigaciones penales seguidas por delitos vinculados a la corrupción política y económica en la que estaban implicadas personas que ocuparon puestos de responsabilidad política en la Generalitat Valenciana al tiempo en el que él fue Secretario Autonómico y Conseller. Cuestionó públicamente la actuación de la Fiscalía por ese mismo motivo. Un somero repaso por la hemeroteca de los últimos años da buena cuenta de todo ello.
La pregunta que cualquier Juez, que cualquier ciudadano puede hacerse, ante un nombramiento tan sorprendente, es: ¿cómo es posible que el Órgano encargado de velar por la independencia judicial prefiera para la Presidencia de la AP de Valencia a un candidato que puede ver su apariencia de objetividad y de imparcialidad cuestionada precisamente por sus propias actuaciones públicas precedentes. Como Asociación Judicial nos resulta difícil de explicar ese nombramiento cuando había otra candidata y otros candidatos con perfiles, en principio, más idóneos por su experiencia jurisdiccional concreta en la propia Audiencia para desempeñar la Presidencia de la misma