El 20 de diciembre, la policía lo detuvo y le pidió sus documentos. Él no los tenía, y sigue sin tenerlos, por lo que desde entonces está recluido en el Centro de Identificación y Expulsión (CIE) de inmigrantes de Ponte Galeria, en Roma.
«Han pasado dos meses, pero parecen dos siglos», nos dice Ahmed (nombre cambiado para proteger su identidad) por teléfono desde el centro de detención.
El mes pasado, Caritas Italiana y la Fondazione Migrantes publicaron su informe anual sobre migraciones, según el cual «la verdadera reforma del sistema de repatriación sería la clausura de los centros».
Oliviero Forti, director de asuntos de inmigración de Caritas, nos explica los motivos que hay detrás de una recomendación tan fuerte.
«Con la ayuda del profesor Roberto Cherchi, abogado constitucionalista, llegamos a la conclusión de que hay un problema de legitimidad constitucional relacionada con esos lugares. Precisamente por la manera como están concebidos, construidos y administrados, es fácil incurrir en grandes violaciones a los derechos humanos», dice Forti.
El CIE es parte del sistema italiano de acogida e identificación de migrantes. Además, están los centros de recepción (CDA, por su acrónimo italiano), los centros de recepción para solicitantes de asilo y refugiados (CARA) y los centros de primeros auxilios y recepción (CSPA).
El CSPA de Lampedusa, en Sicilia, causó indignación cuando un informativo nacional difundió un video de inmigrantes desnudos a los que rociaban con insecticida contra la sarna en pleno frío de diciembre.
Los CIE son centros para inmigrantes que no tienen permisos de residencia o documentos de identidad, y para aquellos que han recibido una orden de deportación. Sin embargo, como señala el informe de Caritas y Migrantes, los lugares disponibles son muchos menos que la cantidad de personas en esa situación.
Como consecuencia, la reclusión allí se decide caso por caso, siguiendo criterios tan informales como que una persona se considera que es un peligro para la sociedad si las posibilidades de identificarla y deportarla son altas. Esto crea desigualdad en el trato, que a menudo se basa en la nacionalidad.
Kalid Chaouki, parlamentario italiano por el Partido Demócrata, visitó el CIE de Ponte Galeria tras una protesta de algunos reclusos que literalmente cosieron sus bocas en enero para llamar la atención sobre las condiciones de vida en ese centro romano.
«La situación allí era aún peor que en Lampedusa, porque de hecho es una prisión ilegal, donde gente que a menudo no ha cometido ningún delito está detenida durante meses», dice.
Inmigrantes que deberían estar en otros centros suelen ser retenidos en el CIE. «Lamentablemente, a menudo hallamos mujeres víctimas de tráfico, menores, personas no reconocidas por el Estado y también ciudadanos de la Unión Europea (UE), por ejemplo rumanos», dice Gabriella Guido, portavoz de LasciateCIEntrare («déjennos entrar»).
LasciateCIEntrare es una campaña que se inició en 2011, después de que el entonces ministro del Interior prohibió que los medios de comunicación entraran en los centros.
Ese fue el año en que el período máximo de detención se extendió de seis a 18 meses.
«A menudo el problema con la identificación es que los consulados extranjeros no cooperan mucho, pero si un migrante no es reconocido en los primeros 30 a 60 días, eso tampoco va a ocurrir en 18 meses. La extensión de la permanencia solo aumenta el estrés, los disturbios y los episodios de heridas autoinfligidas dentro del CIE», dice Guido.
Ahmed señala: «Aquí nadie duerme, a excepción de los que toman píldoras para dormir. Muchos se sumergen en sí mismos. Hay un tipo que ha dejado de hablar, y otro que habla solo. Eres afortunado si cuando sales de aquí te quedan 100 gramos de cerebro».
Ahora, el acceso de los medios al CIE depende de que el prefecto les dé permiso. Forti dice que el sistema de recepción requiere una reforma más profunda. «Regularización de los inmigrantes, salarios justos, protección legal de ciudadanos extranjeros, todo esto significa conceder una correcta cultura del trabajo en Italia, tanto para los inmigrantes como para los ciudadanos italianos», plantea.
Sin embargo, esta idea genera oposición política. Nicola Molteni, parlamentario por la Liga Norte, nos dijo que Italia es víctima del «comportamiento político indulgente de los últimos dos gobiernos», y que la UE la abandonó.
«Tenemos 3,2 millones de desempleados, un millón de desempleados jóvenes, y primero que nada debemos darle trabajo a nuestra gente. Con estos números ni siquiera necesitamos una inmigración regular, sin mencionar la ilegal, que a menudo pone a inmigrantes en manos del crimen organizado», añadió Molteni.
Él y su partido defienden al CIE. «Tienen una funcionalidad y una necesidad que los hace fundamentales», dijo. Según él, el problema es «la completa falta de una política de ampliación, de control de fronteras y de cooperación internacional con los países del norte de África para impedir la inmigración».
En las antípodas del espectro político, Chaouki dice que los CIE son un caballito de batalla de la Liga Norte y que no han solucionado ningún problema. «Necesitamos desarrollar alternativas a esos centros, abrir nuevos canales regulares de acceso a Italia, nuevos procedimientos de recepción y también de deportación que no sean perjudiciales para las personas».
Según la investigación de Caritas, de los 35.872 procedimientos de deportación que hubo en 2012, 18.592 se concretaron en expulsiones reales. En total, 7.944 ciudadanos extranjeros pasaron por el CIE, y de ellos solo la mitad terminaron siendo deportados.
«Pese a la enorme suma de dinero que se gasta en mantener estos lugares, ni siquiera cumplen el propósito para el cual fueron creados. Nuestra conclusión es que su función es más bien aplacar la ansiedad de quienes perciben a los inmigrantes como una amenaza para la seguridad», dice Forti.
La voz de Ahmed se vuelve más severa por teléfono: «Aquí nos estamos enloqueciendo. Si un italiano medio pudiera vernos ahora, pensaría que es mejor mantenernos encerrados. Pero no hacen nada, porque no ven nada».