El presidente Porfirio Lobo avanza sobre el resto del sistema institucional de Honduras, tras lograr que el parlamento destituyera este miércoles a cuatro de los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por una sentencia en contra de una ley de depuración policial.

La drástica decisión de los legisladores se concretó mientras el edificio sede del Congreso Nacional unicameral permanecía rodeado de tanquetas militares, una inusual operación que recordó a muchos el golpe de Estado de junio de 2009 contra el presidente constitucional Manuel Zelaya, que tras ser apresado en su domicilio de madrugada fue trasladado en avión hasta Costa Rica.

El dictamen de inconstitucionalidad de la norma no fue suscrito por unanimidad, por lo que deberá ser tratado en el pleno de la Corte, este viernes. Entonces lo ratificará o anulará. El presidente Lobo cuestionó a los magistrados en una sesión del Consejo de Ministros realizada hace dos semanas y los acusó de estar «al lado del crimen» y en contra del proceso de limpieza en los cuadros de la policía.

El mandatario, líder del derechista Partido Nacional, fue más allá todavía y denunció presuntas conspiraciones en su contra, al aseverar que quienes cuestionan la remodelación de oficiales de la policía son sus «enemigos y lucharé de frente contra ellos».

Con un amplio control del Congreso legislativo, los nacionalistas presentaron una moción para investigar la conducta administrativa de los jueces de la Sala de lo Constitucional, aduciendo las potestades contempladas en el artículo 205 de la ley fundamental. La presentación de la iniciativa provocó el revuelo de la oposición, que se sumó a los juristas que opinaron que una cosa es la conducta administrativa de los funcionarios judiciales y otra las sentencias de los tribunales, de efectivo cumplimiento cuando son fallos firmes.

A pesar de que la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la ley policial no está firme porque falta el paso del pleno de la Corte, los legisladores oficialistas se anticiparon y tomaron la determinación de destituir a cuatro de los cinco magistrados involucrados, en un hecho sin precedentes en ese país. El diputado Rigoberto Chang Castillo, secretario del Congreso y del Partido Nacional, actualmente en el gobierno, leyó un informe de «investigación» de unas cinco páginas y elaborado en 12 horas, en el que no se hace una sola mención a la conducta administrativa de los jueces, sino a su dictamen contra la ley especial de depuración.

En su argumentación, los magistrados aseguran que la norma fue mal redactada y que viola principios universales como el derecho a la defensa de los acusados, a no autoincriminarse y a un debido proceso, entre otros. «La Sala de lo Constitucional falló apegada a derecho y a la Constitución; yo le advertí a los compañeros que ese decreto tenía vicios de nulidad, no me escucharon, el poder los hizo más soberbios y ahora han dado un golpe técnico al Poder Judicial», acusa el diputado nacionalista Oswaldo Ramos, él mismo destituido en 1991 de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y ahora en contra en el tema de la opinión mayoritaria de su partido.

Los magistrados destituidos por 97 votos a favor y 31 en contra son Rosalinda Cruz, José Ruiz, José Gutiérrez y Gustavo Bustillo. El único ratificado en el cargo fue Óscar Chinchilla, yerno de Chang Castillo y quien había votado a favor de la ley especial. Juan Orlando Hernández, presidente del parlamento y actual candidato oficialista a la Presidencia de Honduras en los comicios generales de 2013, dijo que la destitución «fue difícil, pero era necesario tener un poder del Estado que trabajara en armonía con nosotros».

Hernández, tras resaltar que los cambios cuentan con el beneplácito del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, ha dicho que «esta decisión la tomamos hace un par de semanas, habrá controversia, pero la seguridad es primero y no vamos a permitir que se conspire contra ella».

Honduras afronta desde hace más de un año una fuerte crisis policial por la implicancia de muchos de sus miembros en el crimen organizado. El gobierno envió en mayo un proyecto de ley especial de depuración que fue aprobado en el Congreso y cuya duración era de seis meses, un periodo que ha vencido en noviembre.

Esa ley contemplaba las llamadas pruebas de confianza para integrar la policía, que consisten en la aplicación del detector de mentiras, estudios socioeconómicos, psiquiátricos y pruebas toxicológicas. Quien reprobara cualquiera de esas pruebas era destituido sin opción a defensa, según esa ley, una de las disposiciones atacadas en el fallo de la Sala de lo Constitucional. Algunos policías afectados por las pruebas presentaron recursos ante la justicia, que falló a su favor.

Para el sociólogo Eugenio Sosa, «es obvio que esta destitución obedece a una cuestión política de control y no tanto a acciones jurídicas, aquí el presidente Lobo junto al titular del Congreso, su aliado incondicional, están ampliando el poder político para poder hacer lo que quieran».

Sosa ha explicado que de ser cierta la versión de Hernández, sobre que los cambios fueron consensuados con la presidencia de la Corte, «estamos ante una alianza que le allana el camino al Partido Nacional para poder tomar medidas tributarias y de otra índole sin mayor oposición el próximo año». «Aquí todo está alineado, y la gran perdedora en un futuro es la Corte Suprema de Justicia, débil y sin poder. Honduras no avanza en la construcción de institucionalidad con calidad, al contrario, este problema endémico se agudiza». A su vez, el analista político Olban Valladares explica que se está «ante un nuevo golpe institucional». «Este país se resquebraja y parece que no pasa nada».

Leer en eXp Luz verde al Acuerdo UE-Centroamérica