La «prueba PYME» es la base de la Ley de la Pequeña Empresa para Europa que ya se adoptó en 2008 y que se ha reforzado este año. Se aplica en casi la mitad de los Estados miembros y según una encuesta de la Comisión Europea, consideran que es muy válida para las empresas de sus países. El objetivo de esta prueba es garantizar que no se creen impedimentos que obstaculicen el buen funcionamiento de los 25 millones de pequeñas empresas que existen en Europa. Destacan que da a las PYMEs el tiempo necesario para adaptarse a la nueva normativa y evita leyes que pudieran suponer una carga excesiva para las empresas. Se acordó, septiembre de 2012 como fecha límite para que se adopte la medida en todos los Estados miembros.

En la reunión que los representantes de las PYME europeas han celebrado en Bruselas, se ha elaborado una estrategia dirigida a que las pequeñas empresas, consideradas la vanguardia de la vuelta al crecimiento, puedan desarrollar todo su potencial. Antonio Tajani, responsable de industria y emprendimiento de la Comisión Europea, cree que en este momento «crítico», en que la supervivencia de la integración europea depende de una vuelta al crecimiento se necesita de forma urgente «una auténtica revolución» que sitúe a las PYME y a la economía real en el centro de la política y de la administración pública.

En esta primera reunión de los representantes de los diferentes Estados con el de la UE, Daniel Calleja, estuvieron de acuerdo en que durante los próximos doce meses los esfuerzos deben centrarse en, simplificar el entorno empresarial y animar a los ciudadanos a convertirse en empresarios. Hacer realidad la aspiración de que en todos los Estados sea posible crear una empresa en tres días y por menos de 100 euros.

Terminar con uno de los problemas más acuciantes de las PYME: el acceso a la financiación. Aumentar la disponibilidad y la utilización de las garantías de prestamos bancarios, junto con microcréditos para las nuevas empresas, especialmente a las microempresas y aumentar la participación en los contratos públicos. Las PYME solo consiguen un 34% de estos en toda la UE, a pesar de que significan un 52% en el conjunto de la economía.