Uno de cada cinco ciudadanos no comunitarios padecen graves tasas de privación material. Es decir, que viven en condiciones en que sus recursos no son suficientes para pagar las facturas, sufren pobreza energética, no pueden pagar el agua o la calefacción en invierno. Un 32% vive además en hogares con varios familiares, compartiendo viviendas inadecuadas y pequeñas para acogerlos.

Al menos la mitad de los migrantes que viven en Estados miembros sufren pobreza y se encuentra en riesgo de exclusión social. Entre los países donde se encuentra más la desigualdad destacan Grecia (72,1%), Bélgica (68,4%) España (59,5%), Francia (55,8%), Croacia (53,2%), Portugal (51,7%) y Eslovenia (50,6%).

Entre los Estados miembros, las mayores diferencias entre migrantes y población comunitaria que sufren pobreza se encontraron en Bélgica (hasta 50 puntos más respecto a la población nacional), Francia (39,9 puntos), Grecia (39,5) y España (36,2 puntos).

En cuanto a la privación material, más de la mitad de los migrantes viven en condiciones inferiores a los estándares nacionales en Grecia (56,8%), una población que además ha sufrido el acoso y acecho de varios grupos radicales como el partido xenófobo Amanecer Dorado, por considerar que «quitan el trabajo a los ciudadanos». Un discurso que se ha intensificado con la crisis económica. Sigue de cerca al país heleno, Bélgica (28,8%), Portugal (20,9%) y Francia (20,4%). Por el contrario, las tasas más bajas se encuentran en Malta (8,6%), Luxemburgo (2,7%) y Países Bajos (3,4%).