La presión migratoria se ha triplicado en 2014. Según datos de la UE, en lo que va de año han intentado entrar de manera irregular tres veces más personas que el año pasado. La mayoría arriesgan sus vidas para escapar del miedo, del hambre o de la violencia. Sin embargo, el endurecimiento de las leyes migratorias en la mayoría de países europeos hace que el recibimiento que les espera a su llegada al Viejo Continente poco o nada tenga que ver con el paraíso soñado.
La inestabilidad de la mayoría de países de Oriente Medio ha convertido la frontera mediterránea en uno de los puntos más conflictivos de la Unión Europea. En lo que va de año a las costas italianas han llegado más de 116.00 inmigrantes, más del doble de los que llegaron en 2013; otros muchos se han dejado la vida en el Mediterráneo frente a las costas de Lampedusa. En España se han multiplicado los intentos de salto en las vallas de Ceuta y Melilla y los Centros de Internamiento de Extranjeros no dan abasto para acoger a todo el que llega. Según datos del Ministerio del Interior en los ocho primeros meses del año ya se había superado la cifra de 2013.
Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy ha dedicado buena parte de su legislatura a intentar contener la llegada de inmigrantes. Primero se reforzaron las vallas, después se puso una malla anti-trepa, que dificulta el salto, y recientemente se han instalado cuchillas que causan graves heridas a los que se atreven a saltar. El Ejecutivo también ha tomado medidas a nivel legislativo, y el pasado viernes daba el visto bueno a la llamada Ley Mordaza, que entre otras cosas permite las polémicas devoluciones en caliente que la UE no permite.
Hasta ahora todos los inmigrantes que llegaban a suelo español tenían derecho a asistencia legal y había que comprobar si eran menores o refugiados antes de autorizar su deportación. A partir de ahora, la nueva norma permitirá «rechazar» a quienes sean «detectados en la línea fronteriza mientras intentan superar elementos de contención». La norma ha sido duramente criticada por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks; sin embargo, desde el Ejecutivo argumentan, que no pueden considerarse devoluciones irregulares cuando, «a pesar de pisar territorio español los inmigrantes no consiguen traspasar el cordón policial».
Igualmente polémicas han sido las últimas medidas contra la inmigración propuestas por David Cameron en el Reino Unido. El primer ministro británico se había marcado como objetivo reducir la presión migratoria en su legislatura, pero según datos de Eurostat, el Reino Unido es el segundo país que más inmigrantes recibe cada año, en torno al medio millón. Con la vista puesta en el referéndum de 2017 acerca de la continuación de los británicos en la Unión Europea, David Cameron ha puesto sobre la mesa varias medidas que posicionan a los conservadores más cerca de las tesis eurófobas del UKIP.
Si sale adelante su propuesta, las autoridades británicas podrán expulsar a los inmigrantes que no encuentren trabajo en seis meses, y se exigirá a los extranjeros haber cotizado al menos cuatro años para poder acogerse a algún tipo de beneficio social. Incluso llegó a proponer el establecimiento de cuotas para la entrada de europeos, pero sus intenciones se dieron de bruces con los líderes de los 28 que le recordaron al primer ministro que mientras siga dentro de la Unión, el derecho a la libre circulación de los europeos también atañe a Downing Street.
También en los países del norte
Como en tantas otras cosas, en inmigración los alemanes también lideran el ranking. Este año han recibido unas 200.000 peticiones de asilo, de los que, según las previsiones de las autoridades germanas, un 30% logrará algún tipo de protección. Es la cifra más alta de los últimos 20 años, y ha levantado las suspicacias de colectivos xenófobos y racistas.
Esta semana unas 15.000 personas, según la policía, salían a las calles de Dresde para protestar en contra de los musulmanes en la ciudad. Formaban parte del colectivo Pegida (Europeos Patriotas contra la Islamización de Occidente), que aunque surgieron como una asociación minoritaria, se está extendiendo por muchas ciudades alemanas, y está causando más de un quebradero de cabeza a Angela Merkel y su ejecutivo. Los manifestantes consideran que existe una «excesiva generosidad del Gobierno con los refugiados» y protestan por lo que consideran un «abuso» del Estado de bienestar alemán por parte de los inmigrantes.
Pero aunque Alemania es el país que más solicitudes de Asilo recibe, es en Suecia donde hay una mayor concentración. Por cada 1.000 habitantes, el país nórdico recibe 5,7 peticiones. Por primera vez desde 1958 el país vivirá unas elecciones anticipadas, en parte debido a la inmigración. El bloqueo legislativo que supone el auge del Partido Demócratas de Suecia (DS), que aboga por cerrar el país a los extranjeros, ha obligado al actual primer ministro, Stefan Lofven, a adelantar los comicios. Desde el gobierno sueco aseguran que el DS tiene intención incluso de convertir la cita electoral en un «referéndum sobre inmigración».
Entre tanto el Gobierno holandés se encuentra en el punto de mira de Naciones Unidas que, ante la llegada de las bajas temperaturas, ha hecho un llamamiento para que se preste ayuda de emergencia a los miles de sin papeles que viven en las calles de las principales ciudades holandesas. «En lugar de actuar inmediatamente han decidido no hacer nada hasta que el Consejo de Ministros Europeo tome decisiones concretas», critican, algo que no ocurrirá hasta mediados de 2015. «Asistir a inmigrantes sin hogar no es una cuestión de caridad, es un derecho y la legislación internacional obliga al Gobierno holandés a proveerla», recuerdan los técnicos de Naciones Unidas que denuncian que los Países Bajos están infringiendo la legislación internacional.
Y en Francia François Hollande también ha tenido que salir al paso del discurso del «miedo al inmigrante del Frente Nacional de Marine Le Pen y de Nicolas Sarkozy, promoviendo medidas a favor de volver a cerrar las fronteras nacionales o de revisar las reglas del espacio Schengen, respectivamente. «No podemos tolerar que nadie sea atacado por su religión, su color, su origen o su cultura», contestaba Hollande desde el Museo de la Historia del Inmigrante de París.
