La vivienda inadecuada y pobre le cuesta a las economías de la UE unos 194 mil millones de euros al año en términos de costes directos asociados a la asistencia sanitaria y los servicios médicos o sociales, así como costes indirectos, como pérdida de productividad y reducción de oportunidades.

Imagínese el tener que aventurarse en una zona de guerra en busca de agua debido a que las fuerzas insurgentes y gubernamentales atacaron las cañerías y luego imagínese caminando kilómetros bajo el sol ardiente del verano, para luego esperar durante horas en un grifo público para llenar sus recipientes.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha dado su apoyo a una «Década Internacional del Agua para el Desarrollo Sostenible», mientras en el foro mundial se apura la negociación de los nuevos ODS, que deben aprobar los gobernantes del planeta en septiembre.

Quince años después de la conocida como 'guerra del agua de Cochabamba', el debate entre gestión pública o privada está más candente que nunca. Sobre todo en Europa. Aquella revolución ciudadana boliviana echó de la tercera ciudad del país a un conglomerado internacional (liderado por Bechtel y en el que también participaba Abengoa) que pretendía privatizar el suministro urbano de agua.

El plazo para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) vence en diciembre de 2015, dentro de 17 meses, pero la Organización de las Naciones Unidas ya está pregonando sus limitados éxitos, aunque con cautela en su optimismo. "La pobreza en el mundo se redujo a la mitad, cinco años antes del plazo de 2015", señala el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en el último informe de situación de los ODM publicado este lunes.

«No vemos la necesidad de que la UE legisle sobre el asunto». Es la postura del candidato del Partido Liberal a presidir la Comisión Europea, Guy Verhofstadt, sobre el derecho humano al agua en Europa. Los liberales se desmarcan así del resto de formaciones que a finales de mayo protagonizan las Elecciones Europeas.

La Comisión Europea (CE) ha dado el visto bueno a la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), que aboga por la gestión pública de los servicios de agua y saneamiento en el continente, pero su decisión no ha convencido a todos por igual. La pelota ahora está en el tejado de los Estados miembros, que serán quienes legislen en temas de suministros de agua y saneamiento.