El actual conflicto entre el gobierno griego de Alexis Tsipras y el eurogrupo no se limita a medidas de austeridad, reformas o pago de deudas. Detrás de esta tragedia griega late una tensión entre la refinada norma democrática de conceder más poder de decisión a los ciudadanos sobre la política gubernamental, y la paulatina tendencia a tomar decisiones políticas importantes sin la intervención directa de los votantes.
Portugal ha decidido aprovechar el tirón que supone la marca Podemos. Fue a finales de año cuando se presentó en público Juntos Podemos, un movimiento cívico que rechaza ser una franquicia de la formación liderada por Pablo Iglesias, con la que comparten incluso el logotipo. Mes y medio después han decidido convertirse en partido político, para participar así en las elecciones legislativas previstas para octubre.
Medio centenar de miembros de la Plataforma de Afectados por el virus de Hepatitis C han llevado su lucha a la Eurocámara para solicitar ayuda en el acceso al tratamiento que puede salvarles la vida. En Bruselas se han reunido con todos los grupos políticos para pedirles su compromiso.
La corrupción política e institucional, lo indican las encuestas, se ha convertido en la principal preocupación de los españoles, después del desempleo y los dramáticos efectos sociales de la crisis económica.
Su carácter sistémico, como reconoce la mayoría de los analistas pero niega el presidente del gobierno Mariano Rajoy, del derechista Partido Popular (PP), y la irritante coincidencia con el empobrecimiento de la mayoría social y el enriquecimiento de unos pocos, la convierten en un factor del rechazo a la política actual y a las instituciones, cuando no de rebeldía social.