En la conferencia climática que concluye en París, las pequeñas naciones insulares del Pacífico han pedido a los gobernantes de todo el mundo que detengan el cambio climático y respeten su derecho a existir en la tierra. «Hemos estado entonando la misma canción durante muchos años. Reduzcan las emisiones de carbono y el calentamiento global, porque amenazan nuestra existencia».
Basseterre, San Cristóbal y Nieves, IPS - Los líderes de los países del Caribe esperan que Francia confirme su compromiso de ayudarles en su esfuerzo de adaptación al cambio climático, reintegrándose en el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), que podría hacerse efectivo en el marco de la Cumbre sobre el Clima de París.
Encerrados en salones sofocados por el sol de la capital peruana, delegados de 195 países buscan el camino que permita al planeta llegar a la neutralidad climática durante la segunda mitad del siglo, el único mecanismo para evitar cambios irreversibles en la dinámica planetaria según instituciones científicas y especialistas.
Clamor en la COP 20: 'Los pueblos indígenas somos la tierra'Treinta activistas contra el cambio climático oriundos de 12 pequeños países insulares del océano Pacífico han bloqueado con sus canoas, junto a cientos de australianos en kayaks y tablas de surf, el mayor puerto de exportación de carbón del mundo, en Newcastle, Australia.
Alemania ocupa el primer puesto seguida por Italia en una nueva clasificación sobre la eficiencia energética de 16 de las mayores economías del mundo. Estados Unidos aparece en el número 13 y México en el último. El Consejo Estadounidense por una Economía de Energía Eficiente (ACEEE, en inglés), una organización sin fines de lucro, considera la ineficiencia «una tremenda pérdida» de recursos y dinero.
¿Pueden los gobiernos del Caribe tomar medidas legales contra otros países que recalientan el planeta con consecuencias devastadoras para la región?. La respuesta es sí, según el exdiplomático regional Ronald Sanders, quien también es investigador en la Universidad de Londres. Considera que una demanda legal es posible, siempre que los pequeños estados insulares en desarrollo actúen en conjunto.