La Comisión Europea da un impulso a la creación del Espacio Europeo de Justicia, para que los sistemas judiciales, tan dispares actualmente, se complementen y eviten muchos «males de cabeza» a los ciudadanos. Pero antes es necesario crear un clima de confianza entre los Estados miembros. Derecho civil, penal y administrativo son los prioritarios.

La denuncia ha sido presentada por varios abogados y afectados por las «subprime españolas», que se han querellado contra el BNP Paribas, el Banco Santander y su presidente, Emilio Botín. Es la primera denuncia penal interpuesta por la comercialización de estos productos en España, y ha contado con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) pide a los gobiernos que aseguren una información precisa, rápida y oportuna de las pruebas médicas ante posibles casos de malos tratos a detenidos. En su informe anual el Comité se muestra «preocupado» por la situación de varios centros de detención europeos, entre ellos en España.

El fármaco, distribuido en España desde 1957 para tratar las náuseas durante el embarazo, provocó distintas discapacidades en miles de recién nacidos. En el juicio que empieza este lunes en Madrid contra la farmacéutica alemana responsable de la Talidomida, las víctimas reclaman más de 200 millones de euros de indemnización.

Sólo siete países del Consejo de Europa, han firmado hoy el nuevo protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que intenta agilizar los procesos judiciales en uno de los máximos tribunales de Justícia europeos: la Corte de Justícia de Estrasburgo. Para su entrada en funcionamiento es necesaria la firma de al menos 10 Estados.

Desgraciadamente el Gobierno francés está haciendo lo mismo que anteriormente han hecho otros: Tratar de pescar votos en los caladeros tradicionales que han sido y siguen siendo feudo de la extrema derecha o de aquellos grupos menos tolerantes que han hecho de su confesión nacionalista el credo superior ante el que se deben rendir todas las ideologías.

Los gobiernos que incurren en acciones masivas de espionaje electrónico, como Estados Unidos, y las empresas que desarrollan programas informáticos intrusivos podrían ser demandados por violar la Convención contra la Ciberdelincuencia adoptada en Budapest por el Consejo de Europa.