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Según Jueces para la Democracia el Tribunal Constitucional da un varapalo a la nefasta gestión de los sucesivos ministros de justicia, Gallardón y Catalá, declarando inconstitucionales y nulas las tasas por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.
En la sociedad existe un evidente consenso sobre la concurrencia de graves insuficiencias en nuestro sistema judicial. Más allá de los distintos diagnósticos, la ciudadanía percibe de forma muy clara que la Justicia no funciona adecuadamente y que no se ha modernizado en el mismo sentido que lo han hecho otros servicios públicos.
A lo largo de los últimos treinta años, la sociedad española ha podido comprobar cómo la Justicia sigue siendo la gran olvidada. Propuesta esenciales para su mejora, formuladas en muchas ocasiones desde el sentir unánime de la Carrera Judicial, no han encontrado otro destino que el cajón o, directamente, la papelera, al extremo de convertirse en tópicos o lugares comunes que, en cada convocatoria electoral, volvemos a escuchar.
Jueces Para la Democracia reclama la creación de mil juzgados más para poner al día la justicia.
1.- Hasta que comienza en España la Gran Recesión de 2008 la Administración de Justicia venía incrementando su tamaño regularmente. Desde entonces permanece con la misma dimensión, sin acomodarse al incremento de litigiosidad que esta grave depresión económica ha supuesto. Aunque en los primeros años de la crisis se mantuvo un modesto crecimiento que supuso la creación de sesenta juzgados al año, a partir de la llegada al Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz Gallardón, en el año 2011, se congela la planta judicial, se eliminan 1500 jueces sustitutos y dejan de constituirse juzgados y tribunales.
El XXX Congreso de Jueces para la Democracia ha analizado el tema «Constitución y Justicia en el siglo XXI». Estas conclusiones pretenden ser una primera aportación sobre aspectos básicos del debate sobre la necesidad de cambios constitucionales en España, sin perjuicio de los análisis más amplios que puedan efectuar posteriormente.
Muchas de las medidas de la Agenda Europea de Seguridad para luchar contra el terrorismo que ha presentado la Comisión Europea dependen de la cooperación entre los Estados miembros, especialmente en lo que se refiere a la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia. La Agenda establece las herramientas y medidas concretas que deberán utilizar en su trabajo conjunto.
Es lo que han hecho Rights International Spain y Jueces por la Democracia que piden a la UE que active por primera vez en su historia, el nuevo mecanismo para solventar ataques graves a los principios básicos del estado de derecho. Cuestionan las reformas legales promovidas por el Gobierno español que, según argumentan, vulneran valores esenciales de la UE.
