Los catastróficos acontecimientos que se desarrollan a diario en Irak son más significativos que en cualquier momento de la historia reciente. El Estado Islámico, antes conocido como Estado Islámico de Iraq y el Levante (ISIS), se ha expandió de forma arrolladora de Siria a Iraq y parece imparable en su marcha hacia Bagdad. Las fuerzas armadas iraquíes, muy superiores en cantidad de hombres y en armas, no han podido o no han querido hacer frente a esta abigarrada pero decidida fuerza de unos 1.000 combatientes.

La propuesta de paz que el presidente japonés de la organización budista Soka Gakkai Internacional (SGI), Daisaku Ikeda, realizara este año elevó mi atención de las noticias del día hacia inquietudes a largo plazo por una sociedad humana más pacífica, equitativa y sostenible que asegure nuestro futuro común.

Los políticos y asesores conservadores que apoyaron la guerra de Estados Unidos contra Iraq en 2003 no logran persuadir a la población y al Congreso legislativo de la necesidad de una nueva intervención militar en aquel país, pese a su omnipresente presión en los medios de comunicación.

Un atentado suicida acabó este viernes 20 con un período de frágil calma en el dividido Líbano, que teme que los conflictos en Siria e Iraq repercutan en toda la región, a la vez que facciones yihadistas lideran una insurrección sunita contra el gobierno de Iraq dominado por los chiítas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif, revela por primera vez, que su gobierno propuso un plan que garantizaría que ninguna reserva de uranio poco enriquecido del programa nuclear de su país tenga la capacidad de desarrollarse con fines bélicos. Zarif nos habló del plan iraní, presentado en mayo en las reuniones con los países del P5+1 (integrado por China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia, más Alemania), celebradas en Viena, que excluye el enriquecimiento con fines bélicos.

Cuando cumple dos semanas el escándalo por la negativa de Washington a conceder el visado a un embajador iraní ante la ONU, se acusa a la Oficina de Asuntos Legales del foro mundial de actuar con la velocidad de un caracol paralítico, con el único fin de ganar tiempo y seguir ignorando el asunto.

Pero el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, rechaza la crítica y señala que el foro mundial debe analizar estos eventos de manera muy diferente.

El número de ejecuciones registradas en el mundo aumentó un 14 por ciento el año pasado. Las medidas antiterroristas en Iraq y las políticas de mano dura contra las drogas promovieron más de la mitad de las sentencias de pena capital. Amnistía Internacional señala que por lo menos 778 personas fueron ejecutadas en 22 países el año pasado, sin incluir a países como China.