«La primavera ya está aquí», ha dicho el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, al presentar las previsiones económicas. Gracias a una coyuntura macroeconómica positiva, aderezada por los bajos precios del petróleo, los Veintiocho van en la dirección del crecimiento. Bruselas prevé que España aumentará un 2,8% su PIB en 2015, con un ligero retroceso en 2016. El paro no bajará del 20% en los próximos dos años.

Desde que estalló la crisis en 2008, los gobiernos de los países avanzados han estado sometidos a una gran presión. En muchos países, los ingresos tributarios se desplomaron bruscamente cuando se contrajo la economía, disminuyeron los ingresos y se paralizaron las transacciones inmobiliarias. En la mayoría de los casos la reducción de los ingresos tributarios fue repentina, profunda y duradera. Los gobiernos no tuvieron otra opción que la de subir los impuestos o adaptarse a una época de vacas flacas.

Uno de los mayores problemas que afronta la economía europea es la falta de liquidez en sus mercados de capitales. Desde la crisis financiera mundial de 2008, se ha promulgado un número enorme de nuevas normas. Para facilitar la inversión a largo plazo que Europa necesita apremiantemente, sería oportuno reevaluar el marco regulatorio más amplio que ha surgido en los seis últimos años.

El informe «Perspectivas de la Economía Mundial», publicado este mes por el Fondo Monetario Internacional (FMI), confirma que las consecuencias del colapso del sistema financiero, que comenzó en 2008, siguen siendo graves. Este cuadro se acentúa por el envejecimiento de la población, no solo en Europa sino también en Asia, la desaceleración de la productividad y la débil inversión privada.