Sólo Siria, que atraviesa una cruenta guerra civil, tiene una mayor percepción de la corrupción de su país. Es una de las principales revelaciones del informe que acaba de publicar la ONG alemana Transparencia Internacional (IT).
El daño que causa la corrupción en la UE asciende a 120.000 millones de euros al año y los beneficios de la trata de seres humanos se estima que son de unos 25.000 millones de euros anuales, según el texto aprobado este miércoles por el parlamento Europeo en el que se pide, entre otras cosas, que los condenados por corrupción no puedan presentarse a elecciones europeas ni nacionales, que no se les permita ejercer cargos políticos, directivos o administrativos y que los presupuestos de los partidos sean más transparentes.
Cuando alguien le pregunta cuándo va a parar, responde que no está dispuesto a hacerlo. Porque Paulo Morais, otrora vice-presidente de la Cámara Municipal de Oporto (2002-2005), es hoy uno de los rostros portugueses más visibles en la lucha contra la corrupción.