Etiopía da señales contradictorias al mundo. Al mismo tiempo que ha sido elegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una importante organización alemana ha cerrado su oficina en este país africano en protesta contra un entorno político restrictivo. Si lo que califica a un país para formar parte del Consejo son sus antecedentes en materia de derechos humanos, no habría que haber designado a Etiopía, cuya situación en este sentido es «desastrosa», explica el director de la organización no gubernamental también llamada Consejo de Derechos Humanos (HRCO), Endalkachew Molla.

Etiopía, Kenia, Gabón, Costa de Marfil y Sierra Leona, integrarán a partir del 1 de enero de 2013, el Consejo de la ONU por un periodo de tres años. En la misma semana de la elección, la organización alemana defensora de los derechos humanos Fundación Heinrich Böll (HBF) cerró su oficina etíope en protesta contra las restricciones en esta nación del Cuerno de África. La clausura es la de más alto perfil ocurrida hasta ahora en Etiopía. La entidad, que lleva el nombre del ganador del premio Nobel de Literatura en 1972, promueve la democracia y los derechos humanos y tiene 30 oficinas en el mundo.

Barbara Unmüßig, directora de HBF, explica en un comunicado «ya no podemos llevar a cabo nuestra misión, de trabajar juntos con los socios locales por la democracia, la igualdad de género y el desarrollo sostenible». Unmüßig hizo referencia a las restricciones planteadas por la controvertida ley de organizaciones no gubernamentales aprobada en 2009 y conocida como la «Proclama de Organizaciones y Sociedades Benéficas».

Esta norma restringe el trabajo, las operaciones y la financiación de organizaciones de derechos humanos en Etiopía. Prohibe que cualquiera de ellas reciba más de 10 por ciento de su financiación de fuentes extranjeras. A causa de esta ley, la oficina de HBF, que abrió sus puertas en 2006, se ha visto obligada a reducir sus áreas de trabajo, dejando de promover la democracia y la igualdad de género para dedicarse principalmente al área ambiental, según el director de la organización en el país, Patrick Berg.

Otras leyes limitantes en Etiopía

Entre otras leyes aprobadas a partir de 2005 figuran la Ley de Medios de Comunicación y la Ley Antiterrorista, lanzadas en 2008 y 2009 respectivamente. Estas leyes han generado enojo por su lenguaje amplio y ambiguo. Ahora, las protestas pacíficas y las críticas en general, pueden considerarse terrorismo, y si los medios informan críticamente pueden ser acusados de «alentar el terrorismo». Hasta la fecha, 11 periodistas han sido condenados por delitos relacionados con el terrorismo en Etiopía, en el marco de la política Antiterrorista.

Berg explica, «tenemos permitido enseñar a las mujeres a hacer artesanías, pero no ayudarles a reclamar sus derechos constitucionales. Nuestro mandato es alentar un debate político inclusivo, pero la ley actual vuelve eso imposible». Además, una reciente reglamentación de la ley estipula que, como máximo, el 30 por ciento del presupuesto de una organización no gubernamental puede dedicarse a gastos administrativos. Berg estudió la definición de «gasto administrativo» y se alarmó al descubrir que era suficientemente amplia para abarcar la mayoría de los gastos en que incurría su entidad.

El director de la Fundación Heinrich Böll explica que «de la noche a la mañana, nuestro trabajo central de producir y diseminar información y de brindar espacio para el diálogo público es visto como una tarea administrativa. No hay manera de cumplir con estas reglas sin cambiar quiénes somos. No estamos dispuestos a hacer eso».

En 2009, la HBF había aceptado trabajar a pesar de las restricciones con la esperanza de llegar a un acuerdo con el gobierno etíope que restableciera plenamente el alcance del trabajo de la organización. Sin embargo, ldespués de tres años de negociaciones infructíferas, la fundación finalmente ha decidido cerrar. La ley de Organizaciones y Sociedades Benéficas se ha vuelto notoria por permitir la interferencia del gobierno, así como la vigilancia y la participación directa en las operaciones de las organizaciones. sociales.

Actualmente hay casi 3.000 organizaciones no gubernamentales internacionales en Etiopía. Unas 400 han sido alertadas sobre los riesgos de operar contra las normas y regulaciones. Y eso que el vicesecretario general de la ONU, Jan Eliasson, destacó en su momento la importancia de preservar los derechos humanos en países como Etiopía, basándose en «los cuatro pilares cruciales de un mundo posterior a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2015 que son la paz, el desarrollo, el imperio de la ley y los derechos humanos». «Si uno de estos pilares es débil, entonces toda la estructura lo es», agregó.

El portavoz del gobierno de Etiopía, Bereket Simon, ha explicado que «el propósito de la ley de Organizaciones No Gubernamentales es limitar la intervención extranjera, para facilitar mejor a los ciudadanos participar en la vida política». Según él, el reciente nombramiento del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas «da al gobierno más energía para buscar la democracia y los derechos humanos en Etiopía».

Sin embargo, Endalkachew cree que restringir la participación extranjera en los derechos humanos crea una lógica inconsistente con la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada en 1948 por la ONU. «Los derechos humanos no conocen fronteras, son universales. Es una agenda para todos los seres humanos. ¿Por qué los derechos humanos en Etiopía tienen el mismo acceso ilimitado a los recursos que la agricultura y la infraestructura?», plantea.

En diciembre de 2009 fueron congeladas las cuentas bancarias de HRCO y de la Asociación de Abogadas Etíopes (EWLA), tras aprobarse la Ley de Organizaciones y Sociedades Benéficas, pese a que habían recibido todo su financiación del extranjero antes de existir esa norma. La EWLA había brindado asistencia legal gratuita a unas 17.000 mujeres. En 2011, la organización dejó de funcionar. En octubre, Amnistía Internacional y Human Rights Watch protestaron contra la decisión de la Corte Suprema de Etiopía de mantener congelados los bienes de HRCO, equivalente a 500.000 dólares.

El alcance y la capacidad de HRCO fueron severamente restringidos por la ley de 2009. De 12 oficinas pasaron a tener tres, de 60 trabajadores a 12, y han tenido que cerrar sedes en todo el país. Según Endelkachew, el deterioro de los derechos humanos en el país se origina en el malestar civil que se suscitaron las elecciones de 2005, que permitió a muchos miembros de la oposición llegar al poder.