«Se está realizando un experimento a gran escala sin conocer sus consecuencias en la salud, el entorno y el futuro de la agricultura», dice la ecologista Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra España. Esta organización ecologista promueve la campaña «Únicos en Europa: La teletienda de los transgénicos» para informar a la sociedad sobre estos cultivos.

Los organismos genéticamente modificados son aquellos a los que se han incorporado en el laboratorio genes de otras especies, vegetales o animales, para producir características deseadas, como resistencia a plagas o a climas adversos.

No hay estudios concluyentes sobre la inocuidad de estos transgénicos para la salud humana y el ambiente. Por eso la Organización Mundial de la Salud recomienda estudiar cada caso de forma individual.

En 2012, España contaba con una superficie de algo más de 116.300 hectáreas de maíz transgénico MON 810, de la corporación biotecnológica transnacional Monsanto, un 20 por ciento más que en 2011, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, basándose en datos de venta de semillas.

Los ecologistas critican que esos datos sean estimaciones imprecisas y que no exista un registro público sobre la situación de los terrenos sembrados de transgénicos.

Cuando los cultivos ecológicos u orgánicos certificados se «contaminan» con variedades transgénicas, los agricultores pierden esa certificación y no pueden demandar al dueño de las siembras modificadas porque no existe el registro, ni reclamar indemnización por daños, pues no está prevista en las legislaciones española y europea, lamenta Spendeler.

En España, como en toda la UE, solo se permite cultivar maíz transgénico. La soja y el algodón modificados se importan de Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos.

«Los alimentos transgénicos producidos en países en desarrollo llenan los estómagos de vacas y cerdos de los países industrializados», explica el responsable de la campaña sobre este tema en Greenpeace España, Luís Ferreirim.

«De 1996 a 2011, los cultivos biotecnológicos han contribuido a la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y (la respuesta al) cambio climático», dice un informe del 20 de febrero del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA, por sus siglas en inglés).

Según el ISAAA, el año pasado se plantaron 170,3 millones de hectáreas de vegetales transgénicos en todo el mundo, un 6 por ciento más que en 2011. Estados Unidos es el mayor productor, seguido de Brasil. Pese a las mejoras de productividad, eficiencia y reducción del uso de plaguicidas, que defienden los promotores de los transgénicos, un número importante de países europeos los prohíben, valora Ferreirim.

En Europa hay 11 estados que dicen no a los transgénicos, ocho de ellos en la UE, tras la suma de Polonia en 2013. Y en 2012 solo cultivaron Portugal, España, Rumania, Eslovaquia y la República Checa, indica. El noventa y cinco por ciento de estas siembras de la UE se concentran en España (88 por ciento) y Portugal (siete por ciento).

La mayor parte del maíz modificado se destina a elaborar pienso para animales. «Dado que la pirámide de alimentación se ha invertido y cada vez demandamos más proteína animal, esto llega directamente a nuestros platos», dice Ferreirim.

La legislación europea obliga a indicar en la etiqueta de un alimento si sus ingredientes contienen o han sido elaborados a partir de transgénicos, salvo en los casos en los que esa presencia no supere el 0,9 por ciento del ingrediente.

El pienso que se comercializa en España mezcla maíz transgénico y convencional, lo que constituye «un grave atentado al derecho de elección» del ganadero por una ración no modificada para sus animales, aclara Spendeler.

La activista Carmela San Segundo, de Ecologistas en Acción en la ciudad de Málaga, destaca el «gran poder» que ejercen las corporaciones agroquímicas que venden semillas modificadas.

Esta organización no gubernamental consiguió que una docena de pueblos malagueños se declararan Zonas Libres de Transgénicos, figura legal reconocida por la UE. «Hay que trabajar mucho: hablar con asociaciones de vecinos, agricultores y miembros de los ayuntamientos. No es un problema que preocupe, porque la gente lo desconoce bastante», declara.

En España, la plantación maíz transgénico se inició en 1998 para hacer frente a la repercusión económica de las plagas, según la cartera de Agricultura. Pero hoy se ignora la incidencia real de la plaga del taladro que afecta al maíz. «¿Se justifica el uso de esta tecnología sin contar con datos concretos sobre las pérdidas causadas por las plagas?», se pregunta Ferreirim.

Explica que la variedad de maíz transgénico Bt, de la corporación estadounidense Monsanto, evita el empleo de plaguicidas porque produce en sus flores una bacteria tóxica para los insectos. Pero, aunque no siempre haya amenaza de plagas, este maíz libera constantemente ese gen que, tras la cosecha, queda en el suelo dañando su fertilidad.

«Se ha comprobado en cultivos transgénicos de varios países que a la larga empiezan a aparecer plagas secundarias, lo que obliga a usar otros pesticidas», dice. Además, los experimentos de siembras al aire libre no pasan por ningún control de seguridad.

Según una encuesta publicada en 2010 por la UE, el 53 por ciento de los españoles rechazaron introducir genes de otras especies en los alimentos, mientras que solo el 27 por ciento estaban de acuerdo.