José Luis García vive en España y paga 43 euros por un Internet de 10 megas, aunque tan sólo recibe 4,5. Matteo Quadrante es italiano y paga 35 euros por 20 megas reales. Los casos de José Luis y Matteo son sólo dos casos que ejemplifican las grandes diferencias que hay entre los Estados miembros en cuanto a la velocidad y precios de Internet.
La Comisión Europea ha publicado hoy cuatro estudios que revelan estas desigualdades entre países. Según el informe, España está entre los países de la UE en los que se paga más.
El Eurobarómetro del mes de febrero indica que el 66% de los europeos no sabe qué velocidad tiene contratada y como en el caso de José Luis García, los consumidores de los Estados miembros, sólo obtienen por término medio el 75% de la banda ancha que, en un principio deberían obtener.
Uno de los informes, realizado por la organización SamKnows, a petición de la Comisión Europea, confirma que la velocidad de descarga puede ser de media hasta un 64% menor de la publicitada. «La brecha entre las velocidades anunciadas y las reales es tan grande como en 2012, lo que confirma la necesidad de reforzar y armonizar los derechos de los consumidores», ha declarado la Comisaria de Agenda Digital Neelie Kroes.
El documento de la Comisión Europea sobre los costes del acceso a Internet de Banda Ancha (BIAC), demuestra que los precios son, posiblemente, donde residen las mayores diferencias entre países. Un consumidor español, de media, paga entre 40 y 60 euros al mes. Lituania y Rumania son los países cuyos precios de banda ancha son más baratos, poco más de 10 y 11 euros respectivamente. Por otra parte, en Polonia las ofertas de banda ancha oscilan entre los 20 hasta los 140 euros al mes. Según el Ejecutivo comunitario, la disparidad entre países se debe a la fragmentación del mercado.
La organización SamKnows desarrollará hasta finales de 2014 otra ronda anual de mediciones. El objetivo es que los consumidores europeos puedan colaborar en la medición del rendimiento de sus operadores adhiriéndose a una comunidad de voluntarios de todos los Estados miembros, más Islandia y Noruega. Los consumidores seleccionados deberán acoplar un dispositivo a la conexión de Internet en su casa, cuando la línea no se esté utilizando, determinará la velocidad y calidad de la banda ancha.
El Parlamento europeo votará la semana próxima en Estrasburgo el plan de la Comisión Europea «Un continente conectado», un proyecto que pretende ofrecer más derechos a los consumidores, como que los contratos estén redactados en un lenguaje sencillo y con información comparable. Asimismo, los operadores deberán facilitar información rigurosa sobre la velocidad que realmente ofrecen a los usuarios. Los consumidores podrán cambiar de proveedor o rescindir su contrato si no se proporciona la velocidad de Internet prometida.
