Las delegaciones oficiales y de la sociedad civil organizada del Sur en desarrollo tienen la mirada puesta en el avance de un borrador para lograr un acuerdo vinculante sobre reducción de emisiones de dióxido de carbono, que debe firmarse dentro de un año.

Sobre todo, la expectativa está puesta en los compromisos que hagan los países industriales sobre cómo financiar la lucha contra el cambio climático y en la inclusión de metas vinculantes para reducir la vulnerabilidad actual a estos fenómenos.

«De Lima tiene que salir un texto que contenga elementos que sienten las bases del acuerdo de 2015. Se firma el próximo año, pero los elementos tienen que estar ya, como por ejemplo las contribuciones de los países y de qué van a tratar», nos dice el argentino Enrique Maurtua, asesor en política internacional del nodo latinoamericano de la organización Climate Action Network (CAN). Maurtua asegura «que esas contribuciones tienen que ser equitativas, incluyendo indicadores como necesidades históricas, adaptación o la necesidades de desarrollo de los países».

La COP 20 de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático (CMNUCC) parte de un reconocimiento cada vez menos discutido: el ritmo de vida y el modelo de desarrollo actual conlleva grandes emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que recalientan el planeta.

Cómo reducir este calentamiento y qué hacer con los daños ya producidos son dos de las preguntas más importantes en la cumbre climática que se inauguró este lunes 1 en las instalaciones temporales levantadas en el terreno del Cuartel General del Ejército en Lima, conocido como «el Pentagonito».

Maurtua incide en que estas denominadas «contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional» (INDC, en inglés) «tienen que ser lo suficientemente robustas para que ponga el camino hacia contener el incremento global de las temperaturas en dos grados centígrados y no hacia los cuatro o seis grados, que es a donde estamos apuntando ahora».

Según el ritmo actual de consumo de los humanos, para el año 2100 el planeta estaría cerca de cuatro grados más caliente que los años previos a la revolución industrial, antes de que iniciara la mayor parte de las emisiones. Esto provocaría aumentos drásticos en el nivel del mar, cambios en la productividad de los suelos, disminuiría el tamaño de los glaciares y la biodiversidad. Los inicialmente más afectados serían los menores emisores: países del Sur.

Los científicos han identificado que solo un escenario donde el aumento no sea mayor a dos grados puede prevenir alteraciones climáticas demasiado bruscas. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es el camino elegido para alcanzar ese límite. Este objetivo se logra mediante la reducción del consumo de combustibles fósiles, el empleo de energías limpias y el desarrollo de un estilo de vida bajo en emisiones.

El nuevo tratado sustituirá desde 2020 al Protocolo de Kyoto, firmado en 1997 y en vigor desde 2005, y debe rubricarse en la COP 21, que se celebrará en París en diciembre de 2015. «Su borrador debe acordarse aquí, debe marcar el fin de los combustibles fósiles para 2050 y debe acelerar el paso a estas energías limpias y renovables», dice Martin Kaiser de Greenpeace. No se trata de «energías como la nucleares que son caras, centralistas y peligrosas», puntualizó el activista en el día inaugural de la COP 20.

Gobiernos y sociedad civil del Sur en desarrollo coinciden en que es necesario buscar mecanismos para adaptarse a los cambios climáticos, algunos de ellos considerados ya irreversibles. «Es muy importante el tema de la adaptación que tiene que tener el mismo peso que tiene la mitigación. Básicamente es reforzar el vínculo entre las dos. De por sí ya tenemos que hacer adaptación, pero entre más se atrase mitigación más tendremos que adaptar. Son igual de importantes y eso también tiene que estar reflejado», apunta Maurtua.

En un informe difundido la víspera de la inauguración de la COP 20, la organización Oxfam recuerda que la mitigación del cambio climático, al igual que la adaptación al fenómeno, resultan caras. Tan solo en los países subsaharianos se necesitarán 62.000 millones anuales para adaptarse, puntualizó.

«Lo que podemos esperar, lo que los países en vías de desarrollo están buscando en las contribuciones nacionales, es una garantía de que la financiación tendrá un lugar en el acuerdo, en algún lugar, porque eso es algo que no estamos viendo por el momento», nos dice la asesora en cambio climático de Oxfam, Kiri Hanks.

La activista reconoce que todavía existe un debate en el modo de implementar la financiación de la lucha contra el cambio climático, pero «sea en este acuerdo, en las contribuciones o en algún otro lugar, hay una necesidad de hacer una paridad entre mitigación y su financiación».

Durante siglos, los países industriales han quemado más combustibles fósiles y deforestado a mayor velocidad, por lo que sus emisiones históricas son mayores que las de los países del Sur en desarrollo. Por eso, se convino que las naciones industriales financiasen el Fondo Verde para el Clima, con un aporte de 100.000 millones de dólares para 2020. Pero el aporte de fondos es mínimo hasta ahora, destacan activistas y delegaciones oficiales.

«Necesitamos que los negociadores lleguen a acuerdos para el borrador (del nuevo protocolo). Entre ellos un mecanismo para revisar las contribuciones, tanto de los niveles de ambición como de las emisiones», apunta Tasneep Essop, del Fondo Mundial para la Naturaleza. «Queremos ver un mecanismo que traduzca esta revisión en términos de ambición. Queremos ver además la adaptación dentro del texto, pero con el respaldo financiero necesario», plantea.

Essop resalta que la sociedad civil ha llegado a Lima fortalecida por movilizaciones masivas en los meses previos, con marchas concertadas en ciudades de todo el mundo, en demanda de medidas frente al cambio climático. También son alentadores, dijo, los anuncios de la Unión Europea o de China y Estados Unidos, el 12 de noviembre, con compromisos sobre reducción de emisiones.

Pero considera que falta un compromiso que permita pensar que en 2020 habrá medidas que respondan al desafío del modelo de desarrollo que impone el cambio climático.

Maurtua comparte la posición de que falta compromiso, en particular el financiero.

Según el especialista de CAN Latinoamérica, «Hay aportes de varios países comprometidos, que suman 9.300 millones. Se suponía que a estas alturas esas aportaciones tendrían que haber llegado a entre 10 y 15.000 millones, es decir, que todavía nos falta».

«En el borrador de Lima tiene que estar establecido el camino para conseguir los 100.000 millones de dólares que harían falta en 2020», para poner en marcha el nuevo tratado climático.